La Cámara baja dio luz verde al proyecto impulsado por el Gobierno nacional que habilita un mecanismo de compensación de pasivos entre el Estado, Cammesa y las principales distribuidoras eléctricas del país. La oposición cuestionó el impacto de la medida en medio de los aumentos tarifarios.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei que establece un esquema de compensación de deudas entre el Estado nacional, Cammesa y las principales distribuidoras eléctricas del país, entre ellas Edenor y Edesur. Lo hizo en la misma sesión donde se le dio media sanción a la reforma del régimen de Zona Fría que podría dejar sin subsidio a la tarifa de gas a millones de usuarios argentinos.
La iniciativa obtuvo 131 votos afirmativos y habilita un mecanismo mediante el cual las empresas podrán compensar deudas acumuladas con supuestos activos regulatorios vinculados al congelamiento tarifario y a revisiones pendientes de años anteriores.
Según los datos incluidos en el proyecto, el esquema implica la cancelación de pasivos históricos por más de USD 1.800 millones, de los cuales cerca del 69% corresponden a Edenor y Edesur.
Cómo funciona el esquema aprobado
Durante los últimos años, las distribuidoras eléctricas sostuvieron que las políticas de congelamiento tarifario y las emergencias regulatorias les generaron pérdidas millonarias.
En ese marco, Edenor reclamaba alrededor de USD 2.000 millones al Estado nacional, mientras que Edesur planteaba acreencias cercanas a USD 1.200 millones por atrasos tarifarios y presuntos incumplimientos regulatorios.
Al mismo tiempo, ambas empresas mantenían importantes deudas con Cammesa por la compra de energía eléctrica que no habían cancelado.
La ley aprobada habilita ahora que esos montos sean compensados entre sí para cerrar litigios y ordenar la situación financiera del sistema eléctrico.
Críticas opositoras por el contexto tarifario
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa argumentando que permitirá reducir conflictos judiciales millonarios y normalizar el funcionamiento del mercado energético.
Sin embargo, sectores opositores cuestionaron que la medida beneficie a grandes empresas distribuidoras mientras continúan los aumentos tarifarios para usuarios residenciales y comerciales.
Las críticas también apuntaron al contraste entre el discurso oficial de ajuste fiscal y la decisión de avanzar con mecanismos de compensación para compañías privadas del sector energético.
El proyecto había sido inicialmente incorporado en la discusión del Presupuesto 2026, aunque en ese momento no logró avanzar debido a cuestionamientos políticos y diferencias entre distintos bloques legislativos.
