El intendente de Río Cuarto advirtió sobre el fuerte impacto económico que tendría la eliminación del beneficio tarifario para Córdoba. También reclamó a los legisladores nacionales que expliquen su postura ante la votación prevista en el Congreso.
El intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional que propone modificar el régimen de Zona Fría y advirtió sobre las consecuencias económicas que tendría para miles de familias cordobesas.
En línea con el posicionamiento adoptado por intendentes, defensores del pueblo y el gobernador Martín Llaryora, el mandatario riocuartense sostuvo que existe una “gran preocupación” en toda la provincia frente a la posibilidad de perder la tarifa diferenciada del gas.
“Al igual que se pidió en todos los municipios de la provincia, a través de la Mesa Provincia-Municipio, el gobernador, los defensores del pueblo, los intendentes y las comunidades regionales manifestaron una gran preocupación respecto de la quita de esta tarifa diferenciada por zona fría”, afirmó.
De Rivas remarcó que el beneficio permitió durante años equilibrar la situación de regiones cordobesas afectadas por bajas temperaturas y elevado consumo energético.
“Este logro permitió durante mucho tiempo equiparar a esta zona de Córdoba que, por su temperatura y por su consumo, merecía tener esta tarifa diferenciada”, señaló.
El impacto económico que advierten desde Río Cuarto
El intendente sostuvo que la eliminación del régimen representaría un fuerte golpe al bolsillo de los usuarios residenciales de Córdoba, especialmente en un contexto de aumentos sostenidos en las tarifas de servicios. “Entre la quita del beneficio del 30 al 50% y el aumento de la tarifa en el último año, lo que se consuma este año en relación al pasado va a ser prácticamente el 100% más de lo que el año pasado se pagó”, aseguró.
Además, cuestionó que Córdoba continúe aportando al fondo que financia el sistema pese a perder el beneficio tarifario. “Nos van a quitar la tarifa diferenciada, pero vamos a tener que seguir pagando un 7% de tarifa para subsidiar zonas frías de otros lugares”, expresó.
En ese sentido, insistió en que el esquema no debe ser interpretado como un subsidio tradicional. “No es un subsidio, es una tarifa diferenciada que se paga con un fondo que pagan todos”, explicó.
Reclamo a diputados y senadores cordobeses
De Rivas también dirigió críticas hacia los representantes nacionales de Córdoba y pidió que prioricen los intereses provinciales durante la votación del proyecto en el Congreso. “Creo que es un modo de pedirle no solo al Gobierno Nacional, sino también a nuestros representantes y diputados de la provincia de Córdoba, que defiendan a los cordobeses”, manifestó.
El jefe municipal consideró que la defensa del régimen de Zona Fría fue un objetivo compartido por distintos espacios políticos de la provincia. “Más allá de los distintos partidos políticos y proyectos, no hay duda de que defender la zona fría fue un trabajo de los cordobeses”, indicó.
Además, pidió rechazar la iniciativa nacional por el impacto que tendría sobre la población provincial. “Mañana deberían rechazar esta ley que perjudica a más de 680.000 hogares y a 2 millones de cordobeses”, afirmó.
Críticas a legisladores libertarios
Durante sus declaraciones, el intendente de Río Cuarto también cuestionó la falta de explicaciones públicas por parte de legisladores alineados con el oficialismo nacional. “No muchas veces se ha escuchado a los representantes libertarios explicar por qué votan y cómo votan”, sostuvo.
En esa línea, reclamó mayor transparencia institucional y pidió que quienes respalden el proyecto expliquen públicamente su postura.
“Está bueno que los diputados nacionales que representan a Córdoba, en el caso de votar de manera negativa, puedan explicar el cómo y el porqué”, expresó.
De Rivas planteó además que los legisladores deben representar prioritariamente los intereses de la provincia. “Más allá de defender una política nacional de ajuste, hay que representar los intereses de Córdoba”, señaló.
Finalmente, el mandatario local vinculó el debate con la responsabilidad institucional de quienes ocupan cargos públicos. “Como todos los que somos representantes —intendente, gobernador o defensor del pueblo— tenemos la obligación de responder y dar cuenta de nuestras acciones”, concluyó.