En un encuentro clave en la capital alterna de la provincia, autoridades municipales y organismos de derechos humanos firmaron un duro pronunciamiento contra el proyecto del Gobierno Nacional que busca derogar los beneficios tarifarios. Advierten por un fuerte impacto socioeconómico y sanitario en la región.
La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto y la Auditoría General de Villa María, en un frente común junto a un numeroso bloque de intendentes cordobeses, emitieron un enérgico pronunciamiento institucional en rechazo al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que busca modificar y desmantelar el régimen de subsidios por «Zona Fría».
El encuentro, celebrado este martes en la capital alterna de la provincia, contó con la presencia de los intendentes Guillermo De Rivas (Río Cuarto), Gisela Barrionuevo (Santa Eufemia), Javier Girardi (Las Vertientes), Pablo Silvestrín (San Basilio), Ariel Moreyra (Ucacha), Franco Suárez (Sampacho), Walter Perrone (Coronel Baigorria), Romina Aguirre (Elena), Nanci Foresto (Alcira Gigena) y Federico Soto (Berrotarán).
La actividad estuvo encabezada por el Defensor del Pueblo de Río Cuarto, Daniel Frangie; y el Auditor General de Villa María, Rafael Sacchetto. Además sumó la adhesión formal de otros 29 mandatarios municipales y del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Carlos Galoppo.
En conferencia de prensa, Frangie indicó que “no encontramos fundamentos técnicos ni económicos en el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados para la eliminación de estas zonas frías.” Asimismo, señaló que “es absolutamente gravoso incluso para los ciudadanos de las zonas frías que se mantienen.”
En cuanto al comunicado difundido por los reuniones, los firmantes recalcaron que su postura es «uniforme, técnica y jurídicamente fundada». Sostienen que el régimen actual, bajo la Ley N.º 27.637, «constituye una garantía de acceso equitativo a la energía que no puede ser desmantelada sin vulnerar los derechos constitucionales y convencionales de los usuarios».
En ese sentido, recordaron que la inclusión de la región fue el resultado de años de gestiones y respaldo técnico , por lo que la derogación pretendida por el Ejecutivo mediante el Mensaje MEN-2026-137-APN-PTE implica «retroceder a la situación anterior, que esta Defensoría calificó formalmente como una situación de inequidad insostenible».
Al analizar las consecuencias concretas del proyecto oficialista, las autoridades advierten sobre un escenario crítico para la economía doméstica. El texto destaca que se producirá una «pérdida total del diferencial tarifario para todos los usuarios residenciales de la región, sin distinción de nivel de ingresos» , lo que provocará un «aumento del costo del gas estimado entre el 42% y el 100%, impactando de manera más severa en los meses invernales de mayor consumo».
Según explicaron, este incremento afectará con dureza a las familias trabajadoras de ingresos medios , pero golpeará de forma dramática a los sectores más vulnerables, representando «la diferencia entre permanecer por encima o caer por debajo de la línea de pobreza».
Asimismo, el documento pone el foco en el «agravamiento de la pobreza energética» , alertando que las tarifas impagables forzarán a muchas familias a restringir la calefacción en invierno, lo que traerá consecuencias directas sobre la salud de niños y adultos mayores. Esto, según señalan, derivará en un inevitable «incremento del gasto en salud pública» debido al aumento de enfermedades respiratorias, generando un costo social que el proyecto nacional no pondera. De igual modo, vaticinan una suba en la morosidad que terminará deteriorando el propio sistema de distribución de gas.
Hacia el final del documento, los mandatarios y defensores unificaron sus exigencias hacia el Congreso de la Nación, solicitando formalmente que no se apruebe el proyecto en su formulación actual y rechazando la eliminación del criterio territorial. Para avanzar en cualquier reforma, requirieron al Poder Ejecutivo la presentación de «datos auditados y transparentes sobre el estado financiero del Fondo de Zona Fría» y convocaron a impulsar una «audiencia pública federal con la participación de provincias, municipios, distribuidoras, defensorías del pueblo y organismos técnicos como el ENARGAS».
Como alternativa, propusieron revisar la tasa del aporte solidario o cruzar datos con franjas socioeconómicas, pero siempre resguardando la base territorial.
El pronunciamiento concluye con una fuerte definición de corte federal y social: «La igualdad tarifaria en territorios climáticamente desiguales produce injusticia material», afirmando categóricamente que el acceso a la energía es un derecho humano que no puede subordinarse a consideraciones de equilibrio fiscal que no hayan sido debidamente acreditadas.
