El juez federal Miguel Vaca Narvaja ordenó restablecer en 72 horas la cadena de pagos a prestadores de discapacidad. La medida alcanza a servicios vinculados a la Ley 24.901 y busca evitar interrupciones en tratamientos para personas vulnerables.
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó al PAMI y al programa Incluir Salud normalizar en un plazo de 72 horas la cadena de pagos a prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. La resolución fue dictada en el marco de una acción de amparo colectiva presentada ante el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba.
La medida cautelar alcanza a las prestaciones contempladas en la Ley 24.901, destinadas a titulares de pensiones no contributivas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y tendrá vigencia durante seis meses o hasta que exista una sentencia firme en la causa.
La Justicia advirtió riesgo para tratamientos
En el fallo, Vaca Narvaja sostuvo que existen elementos suficientes para considerar que tanto el PAMI como Incluir Salud “incurrirían en atrasos en los pagos de la cobertura de las prestaciones”, una situación que podría derivar en interrupciones de tratamientos y afectar el derecho a la salud de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
La resolución remarca además que la protección integral de las personas con discapacidad cuenta con respaldo constitucional y está contemplada en tratados internacionales, incluida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El magistrado también contextualizó el conflicto dentro de la emergencia nacional en discapacidad establecida por la Ley 27.793 y mencionó los debates generados tras el veto parcial y la posterior reglamentación de esa normativa por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Prestadores denunciaron una situación crítica
Durante el proceso judicial, distintas instituciones prestadoras expusieron las consecuencias generadas por las demoras en los pagos.
Entre ellas, el Pequeño Cottolengo Don Orione advirtió sobre pérdidas millonarias por intereses, dificultades para afrontar salarios y pagos a proveedores, además de inconvenientes para garantizar la entrega de medicamentos.
Por su parte, el Centro Educativo “Mi Lugar” señaló que la interrupción en la periodicidad de los pagos pone “seriamente en riesgo la continuidad de las prestaciones con la normalidad que requiere una población altamente vulnerable”.
En el expediente judicial, el propio Ministerio de Salud de la Nación reconoció demoras en los pagos, aunque atribuyó la situación a un “proceso de reordenamiento estructural” y a cambios administrativos vinculados con la incorporación de Incluir Salud al ámbito ministerial.
Qué ordenó el juez Vaca Narvaja
En la parte resolutiva, el juez dispuso que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) y el programa Incluir Salud deberán “normalizar de manera efectiva la cadena de pagos” de las prestaciones previstas en la Ley 24.901.
La resolución judicial exige evitar “dilaciones, suspensiones e interrupciones” en los pagos para garantizar la continuidad de tratamientos y servicios esenciales destinados a personas con discapacidad en Córdoba y el resto del país.
