Docentes, estudiantes y rectores volverán a movilizarse frente al Congreso para exigir mayor presupuesto, recomposición salarial y la aplicación de la ley de financiamiento universitario suspendida por la Justicia.

Las universidades públicas de todo el país volverán a movilizarse este martes en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en medio del conflicto presupuestario que enfrenta al sistema educativo superior con el gobierno de Javier Milei.

La protesta se desarrollará frente al Congreso de la Nación y reunirá a estudiantes, docentes, rectores, trabajadores no docentes y gremios universitarios. Será la cuarta movilización nacional impulsada por el sector desde el inicio de la actual gestión nacional.

La convocatoria está prevista para las 17 horas y tendrá como eje principal el reclamo por mayor financiamiento para las universidades públicas y una recomposición salarial para docentes y trabajadores universitarios.

Reclamo por el presupuesto universitario

Uno de los principales cuestionamientos de las universidades apunta a la reducción de recursos destinados al sistema de educación superior.

Según datos difundidos por el sector universitario, el presupuesto nacional previsto para universidades en 2026 asciende a 4,8 billones de pesos. Sin embargo, las proyecciones inflacionarias indican que eso representaría una caída real del 18,4% respecto de 2025 y del 42% frente a 2023.

Durante el primer cuatrimestre del año, además, el Gobierno nacional habría destinado 1,5 billones de pesos a las universidades, cifra que representa una baja real del 7,9% interanual y del 30,7% respecto de 2023.

Las instituciones también advirtieron sobre la reducción en los gastos de funcionamiento vinculados a servicios, mantenimiento edilicio y actividades académicas.

Hospitales universitarios y financiamiento por estudiante

Otro de los puntos centrales del reclamo está vinculado con la situación de los hospitales universitarios.

Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, durante los primeros cuatro meses de 2026 el Ejecutivo sólo ejecutó el 9,3% de las partidas destinadas a estas instituciones sanitarias y académicas.

Desde las universidades señalaron que esto implicó una caída real del 67,1% frente al año pasado y del 86,4% en comparación con 2023.

A esto se suma la preocupación por el financiamiento por estudiante. De acuerdo con datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la inversión universitaria por alumno cayó a 2,4 millones de pesos, el nivel más bajo desde 2004.

Actualmente, el sistema universitario argentino cuenta con cerca de 2,5 millones de estudiantes y más de 220 mil trabajadores entre docentes, autoridades y personal no docente.

La situación salarial de docentes y no docentes

El deterioro salarial también aparece como uno de los principales focos del conflicto universitario.

Según datos de Conadu, un docente universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió en abril un salario bruto de 332 mil pesos.

La federación gremial sostiene que eso representa una caída real del 8,8% respecto de abril de 2025 y una pérdida acumulada del 34,2% desde noviembre de 2023.

Además, el presupuesto destinado al pago de salarios universitarios cayó un 26,3% frente a los niveles registrados dos años atrás.

La ley de financiamiento universitario suspendida por la Justicia

La movilización también tendrá como eje el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en 2025.

La norma establecía mecanismos de actualización automática para partidas presupuestarias y salarios docentes según la inflación acumulada desde fines de 2023.

Aunque el Gobierno nacional vetó la ley en septiembre del año pasado, el Congreso rechazó ese veto y ratificó la vigencia de la iniciativa. Sin embargo, el pasado 7 de mayo la Justicia resolvió suspender temporalmente su aplicación mientras se analiza el planteo presentado por el Ejecutivo nacional ante la Corte Suprema.

En este contexto, las universidades aseguran que la nueva Marcha Federal Universitaria busca visibilizar el impacto del ajuste sobre el funcionamiento de las instituciones públicas y exigir una respuesta urgente para garantizar la continuidad del sistema educativo nacional.

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