Mientras se multiplican los reclamos por recortes de prestaciones, demoras en la atención y cambios en los pagos a médicos de cabecera, sectores de la oposición buscan instalar en el Congreso el debate por la situación del PAMI. Denuncian un deterioro del servicio en distintas provincias y cuestionan la falta de tratamiento legislativo en comisiones clave.
La situación del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) comenzó a sumar un nuevo capítulo político en el Congreso nacional, donde bloques opositores impulsan iniciativas para declarar la emergencia del organismo durante 12 meses. El reclamo surge en medio de denuncias por interrupciones de prestaciones, reducción de coberturas y conflictos con profesionales de la salud en distintos puntos del país.
Entre los episodios mencionados aparecen restricciones en la atención médica en ciudades como Marcos Juárez y Concordia, despidos en Rosario, cuestionamientos institucionales en Puerto Madryn y reclamos de afiliados en Posadas. A esto se suma el malestar generado por la modificación del esquema de pagos a médicos de cabecera, oficializado por el organismo a través de una resolución publicada en abril.
Desde el Gobierno nacional, el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, aseguró que “la atención está garantizada” y defendió el esquema de financiamiento actual, alineado con el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso. Sin embargo, distintos informes citados por la oposición advierten sobre una caída real en las transferencias al organismo y un impacto directo sobre la prestación de servicios y la provisión de medicamentos.
En el Senado, el peronismo convocó a reuniones con afiliados y profesionales de la salud para avanzar con un proyecto que plantea declarar la emergencia y destinar fondos adicionales para regularizar pagos, actualizar aranceles y garantizar prestaciones médicas. La propuesta incluye un refuerzo presupuestario de $500 mil millones.
El tema también comenzó a generar incomodidad entre sectores dialoguistas. Legisladores radicales y representantes provinciales presentaron pedidos de informes sobre el funcionamiento del organismo y el estado de las prestaciones en sus provincias, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas oficiales.
En Diputados, la discusión aparece trabada por la falta de actividad en comisiones estratégicas como Salud Pública y Presupuesto, ambas presididas por legisladores libertarios. Desde la oposición cuestionan la “parálisis parlamentaria” y sostienen que el oficialismo evita habilitar debates que puedan profundizar el desgaste político en torno al sistema de salud para jubilados.
El conflicto se da en paralelo a otros focos de tensión social vinculados al deterioro del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones, en un escenario donde distintas organizaciones vienen alertando sobre el impacto de los recortes nacionales en sectores sensibles de la población.