Concentración en el centro de la ciudad y fuertes testimonios contra la situación del sector. Reclaman por atrasos en aranceles, suspensión de tratamientos y advierten sobre el impacto del proyecto de ley nacional.
Prestadores, familiares y personas con discapacidad se movilizaron en Río Cuarto en sintonía con protestas replicadas en distintos puntos del país. El reclamo apuntó a la falta de pago a profesionales, el retraso en la actualización de aranceles y al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, que contempla un reempadronamiento obligatorio y modificaciones en el esquema de prestaciones.
La concentración dejó al descubierto el impacto concreto de la crisis en el acceso a tratamientos. Una de las voces que tomó la palabra relató que, por primera vez desde que inició su rehabilitación, debió interrumpir las sesiones de kinesiología. “Nunca me frenaron el tratamiento, pero la semana pasada me avisaron que se cortaba hasta que paguen lo adeudado”, señaló, vinculando la situación a un proceso más amplio de desregulación y falta de financiamiento del sistema.
En esa línea, advirtió sobre un deterioro general de las condiciones del sector y cuestionó el contexto político y social en el que se inscribe el conflicto. “El desfinanciamiento y los discursos que nos estigmatizan forman parte de lo que estamos atravesando”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de sostener la organización colectiva para defender derechos conquistados.
Otro de los testimonios incorporó una lectura más amplia, con críticas al rumbo económico y a las decisiones del Gobierno. En su intervención, vinculó la situación actual con un proceso de pérdida de derechos que, según expresó, contrasta con etapas anteriores en las que se ampliaron marcos normativos en favor de las personas con discapacidad. También planteó que el escenario actual tendrá consecuencias a largo plazo y llamó a poner el foco en las decisiones electorales como herramienta de cambio.
La jornada también contó con la participación del padre Carlos Junco, quien aportó una mirada centrada en el plano social y humano del conflicto. Durante su intervención, sostuvo que la problemática excede lo económico y pidió “poner en el centro la dignidad de las personas”. Además, convocó a ampliar la participación y a sostener la movilización como forma de evitar que el reclamo pierda visibilidad.
“El desafío es no caer en la indiferencia y salir a buscar a quienes todavía no están involucrados”, expresó, al tiempo que remarcó que el nivel de desarrollo de una sociedad se mide por el cuidado que brinda a los sectores más vulnerables.
La movilización se desarrolló en un clima de preocupación creciente entre los actores del sector, que advierten sobre un escenario de mayor conflictividad si no se revierte la situación de pagos y se avanza con cambios en el sistema de prestaciones.
