La iniciativa impulsada por el oficialismo y sus aliados fue aprobada tras más de once horas de debate. Redefine la protección de zonas glaciares y habilita mayores márgenes para la actividad minera.
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina sancionó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, en una sesión extensa y atravesada por fuertes cruces políticos.
El proyecto, promovido por La Libertad Avanza junto a bloques aliados, introduce modificaciones en los criterios de protección de glaciares y zonas periglaciares, y flexibiliza las condiciones para el desarrollo de actividades extractivas.
Además del oficialismo, acompañaron la iniciativa legisladores del PRO, la UCR y otros espacios provinciales y federales, lo que permitió alcanzar una mayoría holgada. Incluso, el oficialismo sumó respaldos puntuales desde sectores de la oposición.
En tanto, las abstenciones correspondieron a representantes de bloques minoritarios, mientras que el rechazo se concentró principalmente en Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros legisladores.
La sesión se extendió por más de once horas y estuvo marcada por discusiones reglamentarias previas al tratamiento del proyecto, con intentos fallidos de la oposición para incorporar otros temas al temario, desde cuestionamientos institucionales hasta posicionamientos en política exterior.
Durante el debate de fondo, el oficialismo defendió la reforma al sostener que busca “armonizar” la normativa vigente, sin afectar el principio de protección ambiental, y otorgar mayor participación a las provincias en la evaluación de proyectos.
Por el contrario, desde la oposición advirtieron que la modificación implica una “regresión” en materia ambiental y alertaron sobre posibles conflictos interjurisdiccionales, además de anticipar una eventual judicialización de la norma.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue el rol de las provincias en la administración de los recursos naturales. Desde el oficialismo se planteó la necesidad de fortalecer sus competencias para promover inversiones, mientras que sectores opositores cuestionaron la delegación de facultades y el posible debilitamiento de los controles nacionales.
Con la aprobación en Diputados, la reforma de la Ley de Glaciares se convierte en ley y abre un nuevo escenario en torno al equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental, en un debate que promete continuidad tanto en el plano político como judicial.
