La actualización del impuesto se trasladó a mayo mediante un decreto oficial. La medida apunta a amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo en los precios locales.
El Gobierno nacional decidió postergar nuevamente la actualización del impuesto a los combustibles líquidos, en un intento por contener el impacto de la suba del petróleo a nivel global sobre los precios internos. La medida fue formalizada a través del Decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que el incremento recién se aplicará en mayo.
La decisión alcanza tanto al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos como al tributo al dióxido de carbono, cuyos ajustes pendientes corresponden a los períodos 2024 y 2025. La postergación incluye a productos como la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
Desde el Ejecutivo explicaron que la medida busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, al tiempo que consideraron necesario diferir los aumentos para evitar un traslado directo a los surtidores en un contexto de alta volatilidad energética.
El escenario internacional aparece como uno de los factores determinantes. La suba del precio del petróleo, impulsada por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, generó una presión adicional sobre los combustibles, lo que llevó al Gobierno a priorizar la contención de precios para mitigar su impacto en la inflación.
En ese marco, la administración de Javier Milei viene aplicando una estrategia de ajustes parciales en los impuestos a los combustibles. Desde septiembre del año pasado, se dispuso que las actualizaciones se realicen en base a la inflación y con una periodicidad trimestral.
Además, se mantiene un esquema diferencial para el gasoil destinado a regiones específicas, como la Patagonia, el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.
La nueva fecha fijada para aplicar los incrementos es mayo, a la espera de una eventual desaceleración en los precios internacionales del crudo. En ese sentido, el Gobierno busca evitar que los valores superen niveles cercanos a los 100 dólares por barril, lo que podría trasladarse con mayor fuerza al mercado interno.
Desde mediados de 2024, el Ejecutivo recurrió en varias oportunidades a la postergación o segmentación de estos ajustes impositivos. Según estimaciones privadas, las decisiones adoptadas durante 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales superior a los 2.300 millones de dólares, en favor de moderar el impacto en los precios y en la dinámica inflacionaria.
