La Arquidiócesis de Córdoba expresó su rechazo a las medidas que impulsan la eliminación de la actividad y planteó la necesidad de políticas que contemplen la inclusión y el trabajo regulado.
En medio del debate impulsado por el gobernador Martín Llaryora sobre la prohibición de los denominados “naranjitas” y limpiavidrios, la Arquidiócesis de Córdoba difundió un comunicado crítico bajo el título “Ciudades para todos”.
El documento, elaborado por la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres, retoma conceptos del Papa Francisco para advertir sobre una “cultura del descarte” vinculada a los procesos de exclusión social. En ese sentido, la Iglesia sostuvo que no es posible analizar la problemática sin considerar el contexto económico y social en el que se desarrolla la actividad.
“Se visualiza a las personas individualmente como si fueran plenamente libres, como si quienes están en situación de pobreza eligieran vivir en la marginalidad”, plantea el texto.
Desde la institución marcaron una postura clara frente a la iniciativa oficial: “Estamos convencidos que la prohibición del trabajo popular no es la verdadera solución”, señalaron, y propusieron fortalecer los marcos regulatorios existentes en la ciudad de Córdoba.
En esa línea, destacaron el rol de las cooperativas como herramienta de organización y control. Según detallaron, el sistema permite establecer tarifas fijas, ordenar territorialmente la actividad y garantizar supervisión estatal a través de organismos como el INAES y el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Además, subrayaron que actualmente agrupa a más de 600 trabajadores que sostienen a cientos de familias.
El comunicado también reconoce problemáticas asociadas como la delincuencia, las adicciones y la salud mental, aunque advierte sobre la necesidad de diferenciarlas del trabajo en sí. “Una cuestión es el trabajo y la prestación de servicio público según las reglamentaciones y otra son estas realidades”, indica el texto.
En ese marco, la Iglesia planteó que corresponde al Estado avanzar en un abordaje integral de estas situaciones y evitar respuestas exclusivamente punitivas. Finalmente, instó a profundizar la planificación urbana con la asignación de más espacios regulados para trabajadores organizados o registrados, con el objetivo de reducir conflictos y ordenar la actividad en la vía pública.
