El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, fue elegido como nuevo presidente del organismo para el período 2026-2027, mientras que Anselmo Torres, de la Universidad Nacional de Río Negro, asumirá la vicepresidencia.
El 95° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se desarrolló en la provincia de La Pampa, con sede en la Universidad Nacional de La Pampa, donde además de renovar autoridades, se encendieron señales de alerta por la situación del sistema universitario.
“Vamos a reclamar, reformar y resguardar, todo junto, todo al mismo tiempo y todo con la misma fuerza”, expresó Franco Bartolacci al trazar los ejes de su gestión al frente de CIN.
El plenario marcó el cierre de la presidencia de Oscar Alpa, quien destacó el rol que viene asumiendo el CIN en el actual contexto. “El CIN está tomando una nueva función de hacerse cargo de la política universitaria del país”, sostuvo, al tiempo que llamó a profundizar el debate sobre el rumbo del sistema.
Durante el encuentro también se definió proponer como representante ante el Consejo de la Magistratura al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, con Hugo Galderisi como suplente.
La apertura contó además con la presencia del gobernador pampeano Sergio Ziliotto, quien remarcó: “No hay desarrollo sin la universidad, no hay futuro sin educación”.
Emergencia universitaria
Más allá de las designaciones, el dato central del plenario fue la declaración de emergencia salarial y presupuestaria en todo el sistema universitario y científico nacional.
Las autoridades expresaron su “profunda preocupación” por el contexto actual, caracterizado por:
- Restricciones presupuestarias
- Deterioro del poder adquisitivo de los salarios
- Incertidumbre en el funcionamiento de las instituciones
En ese marco, el CIN exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó la urgente convocatoria a paritaria nacional para recomponer los salarios de docentes y trabajadores del sector.
Un ajuste profundo: los números de la crisis
El diagnóstico presentado durante el plenario expone un escenario crítico. Entre 2023 y 2026, las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6%, lo que implica una reducción inédita de los recursos para el funcionamiento del sistema.
En materia salarial, la pérdida de poder adquisitivo es contundente: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los sueldos aumentaron un 158%, mientras que la inflación alcanzó el 280%. Esto representa una caída real cercana al 32%, equivalente a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales en el período. En este contexto, los ingresos del sector se ubican en uno de los niveles más bajos de los últimos 23 años.
Para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios deberían incrementarse en torno al 47,3% respecto de los valores actuales.
Funcionamiento, ciencia y becas en retroceso
El impacto del ajuste también alcanza al funcionamiento cotidiano de las universidades. Las partidas destinadas a gastos operativos no han superado el 64% de su poder adquisitivo respecto a enero de 2023 y actualmente se ubican en torno al 40%, lo que equivale a la pérdida de casi nueve meses de financiamiento en términos reales.
A su vez, el recorte se extiende a áreas estratégicas del sistema:
- Ciencia y técnica: 38,05% del nivel de 2023
- Extensión universitaria: 1,02%
- Becas Progresar: 26,02%
- Infraestructura universitaria: 0%
En particular, el financiamiento de las Becas Progresar sufrió un recorte nominal del 82% entre 2025 y 2026, lo que implica una caída real superior al 95% en comparación con 2023.
Un sistema en tensión
El pronunciamiento del CIN refleja una preocupación creciente en todo el ámbito académico. Desde las universidades advierten que la combinación de ajuste presupuestario, pérdida salarial y recorte en programas estratégicos no solo afecta a docentes y trabajadores, sino que compromete la calidad educativa, la investigación y el desarrollo científico.
En este escenario, sostienen que garantizar el financiamiento del sistema universitario no es solo una demanda sectorial, sino una condición indispensable para el desarrollo económico, social y productivo de la Argentina.
