El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aceptó la salida de Alejandro Melik y avanzó con nuevos nombramientos en áreas clave, incluida la Subsecretaría de Acceso a la Justicia.
El Gobierno nacional oficializó la renuncia de Alejandro Melik al frente de la Oficina Anticorrupción y designó en su reemplazo a Gabriela Carmen Zangaro, en el marco de una reconfiguración del equipo del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.
La medida fue formalizada mediante el decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial. Melik, que había asumido en diciembre de 2023, dejó el cargo con fecha formal al 13 de marzo. En el texto, el Ejecutivo agradeció “los servicios prestados” durante su gestión.
El ahora exfuncionario mantenía un vínculo cercano con el exministro Mariano Cúneo Libarona y contaba con trayectoria en el ámbito penal. Durante su paso por la Oficina Anticorrupción, uno de los episodios más visibles fue su intervención en el caso $Libra, donde impulsó una resolución que recomendó interpretar la conducta del presidente Javier Milei como un acto de comunicación individual o privada, en el marco de una investigación administrativa.
Para ocupar su lugar, el Ejecutivo designó a Zangaro, abogada especializada en Derecho Penal, con trayectoria en el Poder Judicial y en el ámbito académico. Egresada de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con formación de posgrado y experiencia docente en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Zangaro inició su carrera judicial en 1989 y a lo largo de los años ocupó distintos cargos. Además, integró durante cuatro años el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde participó en procesos vinculados al control y evaluación de magistrados.
En paralelo, el Ministerio de Justicia avanzó con otro nombramiento relevante. A través del decreto 195/2026, se designó a la politóloga Jimena Belén Capece como nueva titular de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, en reemplazo de Tristán Arturo Corradini, cuya salida se formalizó el 6 de marzo.
Desde la cartera destacaron el carácter estratégico de esta área, encargada de diseñar e implementar políticas públicas de alcance federal para garantizar el acceso a derechos. Entre sus funciones se incluyen la asistencia a víctimas de delitos, el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y la articulación de programas específicos orientados a la contención y protección.
La subsecretaría también interviene en iniciativas vinculadas a personas con discapacidad en su relación con el sistema judicial y desarrolla acciones de contención psicosocial en casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual y violencia de género. Con estos movimientos, el Ministerio de Justicia profundiza su esquema de conducción en áreas sensibles vinculadas al funcionamiento del sistema judicial.
