El máximo tribunal presentó un proyecto ante el Consejo de la Magistratura que busca modificar el sistema de concursos para cargos judiciales, con el objetivo de limitar la discrecionalidad y reforzar criterios técnicos en la elección.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzó con una propuesta de reforma del sistema de selección de jueces federales y nacionales, en una iniciativa que apunta a reducir la incidencia de factores políticos en los concursos. El proyecto fue remitido al Consejo de la Magistratura para su análisis y eventual aprobación.
Según trascendió, el texto lleva la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pero no cuenta con el aval del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, lo que deja en evidencia diferencias internas dentro del máximo órgano judicial.
La propuesta plantea modificar el esquema actual de concursos con el objetivo de acotar el margen de discrecionalidad en la conformación de ternas de candidatos. En ese sentido, se busca fortalecer el peso de los criterios técnicos, trasladando el eje del proceso hacia la elaboración de exámenes, la asignación de puntajes y la evaluación profesional de los aspirantes.
El planteo se da en un contexto de reconfiguración del Consejo de la Magistratura, donde distintos espacios políticos disputan influencia en la designación de magistrados, con un rol cada vez más visible del oficialismo nacional.
De acuerdo con el proyecto, la intención es reducir el impacto de la coyuntura política en la selección de jueces y garantizar procesos más transparentes y previsibles. Para ello, se propone una mayor estandarización de los concursos y un esquema de evaluación que limite la arbitrariedad en la etapa final de definición.
La iniciativa ya fue elevada al plenario del Consejo de la Magistratura y notificada a las cámaras nacionales y federales de todo el país, así como a las cortes supremas provinciales. No obstante, para que el nuevo reglamento entre en vigencia, deberá alcanzar mayorías agravadas en la votación del organismo, un requisito que anticipa un debate político y judicial de fondo en torno al sistema de designación de magistrados.
