La sesión comenzará este jueves a las 11. También se tratará el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.
El oficialismo volverá este jueves al recinto del Senado de la Nación Argentina con una agenda cargada: intentará aprobar la reforma a la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La sesión está convocada para las 11 y, además, incluirá el tratamiento del pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea. Para el viernes, en tanto, quedó prevista otra sesión en la que se debatirán la reforma laboral y el régimen penal juvenil, ambos con media sanción de Diputados.
El acuerdo Mercosur-UE, con los votos asegurados
El Gobierno decidió adelantar el tratamiento del acuerdo birregional, que inicialmente iba a discutirse el viernes, junto a la reforma laboral. La aceleración responde a que el Parlamento de Uruguay avanzó con la ratificación y podría aprobarlo en las próximas horas.
La administración de Javier Milei busca ser el primer país del bloque en dar el visto bueno definitivo al tratado, bajo la premisa de que esa condición podría generar ventajas diferenciales frente a otros socios regionales.
El acuerdo fue firmado el 17 de enero en Asunción, en un acto del que participaron, además de Milei, los presidentes Santiago Peña y Yamandú Orsi. El mandatario brasileño Lula da Silva no asistió a la ceremonia.
Se trata de uno de los mayores acuerdos birregionales del mundo, que proyecta la creación de una zona de libre comercio con más de 700 millones de consumidores y cerca del 20% del PBI global. Según sus impulsores, permitirá reducir aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas y eliminar gravámenes sobre productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, indumentaria y bebidas.
No obstante, el tratado aún no puede implementarse plenamente, ya que el Parlamento Europeo resolvió su revisión por parte del Tribunal de Justicia de la UE para analizar su impacto jurídico.
En el Senado argentino, el oficialismo estima contar con los votos necesarios, aunque el interbloque peronista que conduce José Mayans podría votar dividido, como ocurrió en Diputados.
Reforma a la Ley de Glaciares: tensión con la UCR y resistencias ambientales
El otro eje central será la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. El oficialismo confía en aprobar la iniciativa, pero a último momento la UCR presentó un proyecto alternativo que limita el margen de decisión de las provincias.
La modificación impulsada por el Poder Ejecutivo busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades económicas en determinadas áreas periglaciares que no cumplan una función hídrica comprobable. Se mantiene la prohibición de actividades extractivas en glaciares, pero se abre la posibilidad de inversiones en sectores que no sean considerados “reservas estratégicas de recursos hídricos”.
El proyecto crea además el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con coordinación de la Secretaría de Energía. El organismo deberá identificar glaciares y formas periglaciares y diferenciar aquellas con función hídrica de las que no.
La diferencia clave con la propuesta radical es que el texto del Gobierno otorga a las provincias la facultad de determinar qué áreas proteger y cuáles no, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las jurisdicciones provinciales. La UCR, en cambio, propone que el IANIGLA conserve la autoridad central en la delimitación.
La iniciativa es respaldada por gobernadores de provincias cordilleranas interesadas en dinamizar inversiones mineras e hidrocarburíferas. Sin embargo, enfrenta el rechazo de asambleas ambientalistas y de sectores de la Iglesia, que advierten sobre una posible “regresión ambiental inconstitucional” y señalan que la reforma vulneraría compromisos asumidos por el país en el marco del Acuerdo de Escazú.
Para los críticos, la protección de glaciares y zonas periglaciares —consideradas reservas estratégicas de agua dulce— no debería flexibilizarse frente a intereses económicos de corto plazo.
Con este escenario, el oficialismo apuesta a una doble victoria legislativa que marcaría un fuerte avance en su agenda económica y productiva, aunque no exento de controversias políticas y ambientales.