El proyecto de reforma del régimen penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados y será tratado en comisión el miércoles, para luego debatirse en el recinto el jueves.
La iniciativa es la misma que obtuvo dictamen en 2025, aunque incorpora un cambio central: el Gobierno nacional incluyó un mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias, destinado a garantizar su financiamiento.
El proyecto propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establece un régimen penal especial para menores, con énfasis en medidas socioeducativas y penas alternativas. Además, excluye la posibilidad de aplicar condenas de prisión perpetua y fija un máximo de 20 años de pena para menores de edad.
En el caso de adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves, el texto habilita la aplicación de penas similares a las de los adultos, con un tope de 15 años de condena, aunque prohíbe su alojamiento en cárceles comunes.
Para los delitos con penas menores a tres años, o de hasta diez años sin violencia grave, se priorizan medidas de enfoque social y educativo, como la libertad asistida y la realización de tareas comunitarias, en reemplazo de la prisión efectiva.
Desde el Poder Ejecutivo Nacional señalaron que la reforma apunta a terminar con la denominada “puerta giratoria” en la delincuencia juvenil y a permitir la sanción de delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, según sostienen, hoy permanecen impunes bajo la legislación vigente (Ley 22.278).
