Desde 2026, la provincia adoptó la canasta basada en la Encuesta Nacional del Gasto 2017/2018. El cambio mejora la precisión del IPC y marca diferencias con la medición nacional, cuya implementación fue postergada tras la salida del titular del INDEC.
La provincia de Córdoba dio un paso clave en la medición de la inflación: a partir de 2026 comenzó a calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizando una canasta de consumo actualizada, basada en la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares 2017/2018. De esta manera, se suma a la Ciudad de Buenos Aires, que ya había incorporado previamente esta metodología, mientras que a nivel nacional la implementación fue postergada.
Según un informe elaborado por la Consultora OTES (Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad), la actualización de la canasta resulta central para reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales. La canasta anterior incluía bienes y servicios que han perdido peso o directamente han caído en desuso, como diarios impresos, alquiler de películas o algunos servicios postales, lo que distorsionaba la medición del impacto real de los precios en el bolsillo de los hogares.
El nuevo esquema modifica de manera significativa la ponderación de distintos rubros. Por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas reducen su peso del 25,28% al 21,60% del gasto total, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles pasan del 16,94% al 15,16%. En contraste, aumentan rubros vinculados a la vida cotidiana actual, como información y comunicaciones, que suben del 2,02% al 7,37%, y recreación y cultura, que pasan del 5,29% al 7,31%.
También se observan cambios en transporte, que reduce su incidencia del 13,57% al 12,31%, y en prendas de vestir y calzado, que aumentan del 6,95% al 8,92%. Estos ajustes buscan reflejar con mayor precisión cómo se distribuye hoy el gasto de los hogares cordobeses y, en consecuencia, cómo impactan las variaciones de precios.
A nivel nacional, la actualización de la canasta generó fuertes tensiones entre el Poder Ejecutivo y el entonces director del INDEC, Marco Lavagna, un conflicto que derivó en su renuncia. Tras ese episodio, el Gobierno nacional decidió postergar la aplicación de la nueva metodología, que había sido anunciada para los próximos días.
En ese contexto, la decisión de Córdoba de avanzar con la actualización adquiere relevancia institucional y técnica. “Actualizar la canasta permite elaborar un índice de precios más preciso, que refleja en mejor medida lo que ocurre en el bolsillo del consumidor”, señala el informe de OTES, y posiciona a la provincia entre las jurisdicciones que ya miden la inflación con parámetros acordes a los patrones de consumo actuales.
