El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este jueves la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y avanzó en una reestructuración integral del sistema de cobertura sanitaria para el personal militar y de seguridad.
La medida quedó formalizada mediante un decreto que establece la escisión definitiva del IOSFA y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Según fuentes del Ministerio de Defensa y de la Jefatura de Gabinete, la decisión apunta a enfrentar una crisis financiera y operativa de magnitud, con un pasivo auditado que ronda los 200.000 millones de pesos, producto —según el diagnóstico oficial— de irregularidades de gestiones anteriores y de un desequilibrio estructural que ponía en riesgo la atención de más de 500.000 beneficiarios.
Nuevo esquema de funcionamiento
La OSFA funcionará bajo la órbita del Ministerio de Defensa y tendrá a su cargo la cobertura del personal militar en actividad, civiles de las Fuerzas Armadas, retirados y sus grupos familiares. En tanto, la OSFFESEG dependerá del Ministerio de Seguridad y brindará servicios de salud a efectivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.
El decreto fija un esquema estricto de asignación de recursos para ambas entidades:
- 80% de los ingresos deberá destinarse a prestaciones médico-asistenciales.
- Hasta un 8% podrá utilizarse para gastos administrativos y de funcionamiento.
- El 12% restante se habilita para otras prestaciones sociales, siempre que la cobertura de salud esté garantizada.
Control y fiscalización
Con el objetivo de evitar los problemas detectados en el IOSFA, la normativa impone requisitos de idoneidad técnica para los integrantes de los directorios, quienes deberán acreditar antecedentes en gestión y salud, tanto en el ámbito público como privado. Además, las nuevas obras sociales quedarán bajo auditoría permanente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y sujetas a un régimen de incompatibilidades para prevenir conflictos de interés.
La urgencia del reordenamiento se refleja en situaciones críticas como la de Punta Alta, donde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que unas 42.000 personas —más de la mitad de la población local— dependen de esta cobertura y sufrieron interrupciones en servicios básicos durante los últimos meses.
Transición y continuidad
El proceso de transición prevé el traspaso de activos, pasivos y personal del IOSFA a las nuevas estructuras. Para garantizar la continuidad de las prestaciones, se conformó una Comisión Especial integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Seguridad, Economía y Salud, que supervisará que no se vean afectados el Programa Médico Obligatorio (PMO) ni los tratamientos en curso.
Desde el Gobierno aseguraron que la separación de las coberturas permitirá una gestión más eficiente y específica para cada fuerza, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y el derecho a la salud del personal militar y de seguridad y sus familias.
