En medio de la polémica por la renuncia del titular del Indec, Marco Lavagna, y la decisión del Gobierno nacional de postergar la aplicación de una nueva metodología para medir la inflación, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que las jubilaciones deberían ser un 21% más altas si se hubiera actualizado el índice de precios conforme a los patrones reales de consumo.
El estudio señaló que las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que paga la ANSES presentan un fuerte atraso, producto de la decisión oficial de continuar utilizando una canasta de consumo vigente desde 2004, en lugar de aplicar la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que estaba prevista para entrar en vigencia este año.
Según el relevamiento, desde la implementación de la nueva movilidad jubilatoria impulsada por el presidente Javier Milei, los haberes mínimos aumentaron un 99% entre abril de 2024 y diciembre de 2025. Sin embargo, de haberse aplicado una medición de precios actualizada, el incremento debería haber sido del 140%, lo que marca una brecha del 21% en perjuicio de los jubilados.
De acuerdo al informe, esta diferencia se traduce en una pérdida directa de ingresos. En términos acumulados, cada jubilado que percibe la mínima dejó de cobrar $1.032.000 solo por el desfase del índice inflacionario. Si se suma el congelamiento del bono de $70.000, que permanece sin cambios desde marzo de 2024, la pérdida total asciende a más de $2.401.483 por beneficiario en el período analizado.
El trabajo también expone el deterioro del poder adquisitivo frente al costo de vida. Mientras que la Defensoría de la Tercera Edad estimó que en octubre de 2025 una canasta básica para adultos mayores alcanzó los $1.514.074, el haber mínimo más el bono apenas llegaba a $396.298, monto que cubre solo ocho días de gastos mensuales.
Desde CEPA cuestionaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, haya justificado la postergación del nuevo índice señalando que se aplicará “cuando el proceso de desinflación esté consolidado”, mientras que, en paralelo, los sueldos de los funcionarios del Gabinete nacional fueron duplicados, alcanzando cifras cercanas a los $5 millones mensuales.
El informe vuelve a poner en el centro del debate el impacto de las decisiones económicas sobre los sectores más vulnerables y el rol de los indicadores oficiales en la actualización de ingresos previsionales.
