Las provincias rechazan la rebaja del Impuesto a las Ganancias impulsada por el Gobierno al advertir un fuerte impacto en la recaudación a partir de 2027, año clave en el calendario electoral.

La discusión por la rebaja del Impuesto a las Ganancias se convirtió en el principal foco de tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores en el marco del debate por la reforma laboral, ya que las provincias advierten una significativa pérdida de recursos en 2027, año en el que la mayoría de los mandatarios buscarán renovar sus cargos o proyectarse a nivel nacional.

La iniciativa del Ejecutivo propone reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas del 35% al 31,5% para los ejercicios fiscales a partir de 2026, medida que impactará en la recaudación provincial al año siguiente. A esto se suma la rebaja de las contribuciones patronales, la implementación de un esquema de devolución anticipada del IVA y la reducción de impuestos internos.

Según estimaciones de los gobernadores, el paquete impositivo implicaría una pérdida superior a los 3 billones de pesos para las provincias. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el impacto fiscal real se producirá recién en 2027 y que rondará los 1,5 billones de pesos.

Una pulseada sin acuerdo

Desde el Gobierno aseguran que no están dispuestos a retroceder en el capítulo fiscal de la reforma, mientras que los mandatarios provinciales se mantienen firmes en su rechazo a resignar recursos en un contexto electoral sensible, según señalaron fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.

La reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades constituye el punto más conflictivo, dado que afecta directamente a la coparticipación y, por ende, a las finanzas provinciales en un año en el que se renovarán autoridades nacionales y locales.

Otros puntos del paquete impositivo

El proyecto oficial también crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que contempla beneficios como la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada en Ganancias para proyectos productivos, con un impacto fiscal estimado en el 0,2% del PBI.

Además, se habilita la actualización de quebrantos fiscales por inflación, lo que reduciría la carga tributaria futura de las empresas, especialmente en escenarios de suba inflacionaria.

Con menor impacto fiscal, la iniciativa incluye la eliminación de impuestos internos para seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, automóviles, embarcaciones recreativas y aeronaves, así como la eliminación del gravamen del 10% a las entradas de cine destinado al financiamiento del INCAA.

En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma de las contribuciones patronales, que pasarían del 18% al 15% para industrias y PYMES, con el objetivo de incentivar la creación de empleo registrado.

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