La caída real de los envíos nacionales coincidió con el inicio de las negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores por una reforma que impacta sobre recursos coparticipables. El dato suma tensión en la relación fiscal.
El inicio de 2026 dejó una señal de alerta para las provincias. Durante enero, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional registraron una caída cercana al 7% en términos reales, un dato que se conoce en pleno debate entre el Gobierno nacional y los gobernadores por una reforma que incluye cambios impositivos con impacto directo sobre las finanzas subnacionales.
Según un relevamiento elaborado a partir de datos oficiales del Ministerio de Economía, el conjunto de provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió en enero alrededor de 5,85 billones de pesos en concepto de transferencias automáticas, lo que implicó una baja interanual real del 6,7%. En la comparación mensual, el retroceso fue más moderado, pero confirmó una tendencia de debilidad en el flujo de fondos.
El contexto no resulta menor. Mientras el Ministerio del Interior intenta construir consensos políticos para avanzar con una reforma laboral que contempla una rebaja de impuestos, los mandatarios provinciales advierten que cualquier modificación sobre tributos coparticipables impacta de lleno en sus presupuestos. El dato de enero refuerza ese planteo.
La mayor parte de las transferencias correspondió a la coparticipación federal de impuestos, que explicó más del 90% del total distribuido. Ese componente mostró una caída real cercana al 8%, arrastrada principalmente por el desempeño del IVA, que registró una contracción de dos dígitos, y por la virtual estabilidad del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación apenas mostró una variación positiva.
En paralelo, los envíos vinculados a leyes y regímenes especiales tuvieron un comportamiento dispar. Si bien en conjunto mostraron una suba real, el crecimiento estuvo concentrado en partidas puntuales, como los fondos asociados al Monotributo y al régimen eléctrico, mientras que otros tributos relevantes, como Bienes Personales, el IVA de la Seguridad Social y el impuesto a los combustibles, evidenciaron retrocesos.
También mostraron una evolución positiva los recursos vinculados a la compensación del Consenso Fiscal, que volvieron a crecer en términos reales y representaron una porción menor, aunque relevante, del total transferido. Aun así, estos incrementos no alcanzaron a compensar la caída general de la coparticipación.
El dato global deja una conclusión clara: la merma de recursos que reciben las provincias está estrechamente vinculada al desempeño de la recaudación tributaria nacional, en un escenario de actividad económica todavía estancada. Para los gobernadores, comenzar el año con un recorte de esta magnitud reduce el margen fiscal y condiciona la discusión de nuevas reformas impulsadas desde la Casa Rosada.
En términos históricos, enero de 2026 se ubicó entre los peores registros de los últimos años en materia de transferencias automáticas, solo superado por el nivel observado a comienzos de 2024. Un antecedente que suma presión a una relación Nación–provincias atravesada por la puja por los recursos y por el debate sobre cómo sostener el equilibrio fiscal sin trasladar el ajuste a los distritos.
Mientras el Ministerio de Economía insiste en que la recuperación de la actividad será clave para recomponer ingresos y sostener el superávit, las provincias acumulan argumentos para reclamar previsibilidad y defender los fondos que consideran esenciales para sostener servicios básicos y obra pública. El arranque de 2026 dejó, al menos en este plano, un escenario más ajustado de lo esperado.