El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas definió una medida de fuerza nacional que coincidirá con el tratamiento del proyecto en el Senado y anticipó protestas en provincias que respalden la iniciativa del Gobierno.
El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas confirmó la convocatoria a un paro general para el próximo 11 de febrero, en el marco del debate que se prevé en la Cámara de Senadores sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La decisión busca visibilizar el rechazo del sector sindical a la iniciativa y ejercer presión política durante una jornada clave del tratamiento legislativo.
El anuncio fue realizado tras un encuentro que reunió a referentes de distintos gremios estatales y de empresas públicas. Allí, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, remarcó la necesidad de ampliar las acciones de protesta más allá de la Capital Federal y llevarlas a las provincias. En ese sentido, planteó que se deben focalizar las manifestaciones en aquellos distritos cuyos gobernadores acompañen el proyecto oficial, al considerar que ese respaldo afecta directamente a los derechos laborales.
Aguiar sostuvo que el escenario exige un plan de lucha sostenido, con un cronograma de movilizaciones y protestas que permita expresar el rechazo al rumbo de la política laboral. Desde el gremio advirtieron que la reforma implicaría un retroceso en las condiciones de trabajo y una pérdida de conquistas históricas para el sector público y los trabajadores en general.
La convocatoria se da en un contexto de reactivación de la actividad parlamentaria, ya que desde la primera semana de febrero el Congreso retomará las sesiones extraordinarias, donde la reforma laboral figura como uno de los ejes centrales de la agenda legislativa. Esto convierte al 11 de febrero en una fecha estratégica para el movimiento sindical, al coincidir con el posible tratamiento del proyecto en el Senado.
En la reunión participaron representantes de sindicatos de distintas áreas del Estado y de empresas públicas, entre ellos de los sectores judicial, salud, vialidad, energía, jerárquicos bancarios, PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios. La amplia convocatoria reflejó el alcance transversal de la medida y la intención de conformar un frente común frente a la reforma.
Con esta definición, los gremios estatales buscan consolidar una respuesta unificada contra la iniciativa del Gobierno y dejar en claro que el debate sobre la reforma laboral no solo se dará en el ámbito parlamentario, sino también en las calles, a través de acciones de protesta a nivel nacional y provincial.
