En la antesala de febrero, el Ejecutivo decidió incorporar al Régimen Penal Juvenil en la agenda de las sesiones extraordinarias. La iniciativa, que incluye la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, se agrega a la reforma laboral y anticipa un escenario parlamentario de alta tensión política y social.
Reunidos desde temprano en Casa Rosada, los principales referentes del oficialismo y sus aliados comenzaron a delinear la estrategia legislativa para el período de sesiones extraordinarias. Si bien el eje central continúa siendo la reforma laboral, el Gobierno resolvió sumar al temario el proyecto de Ley Penal Juvenil, una decisión que abre un nuevo capítulo de discusión en el Congreso y complejiza el tablero de negociaciones.
La incorporación de esta iniciativa responde a un clima político marcado por la agenda de seguridad y por la presión de distintos sectores que reclaman una actualización del régimen penal aplicable a menores de edad. En ese contexto, volvió a cobrar protagonismo el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, un tema sensible que históricamente divide a la dirigencia política, a especialistas y a organismos de derechos humanos.
La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue una de las principales impulsoras de la inclusión del proyecto en la agenda parlamentaria de 2026. A través de intervenciones públicas y mensajes en redes sociales, insistió en la necesidad de reformar el régimen vigente para dar respuesta a delitos graves cometidos por menores, planteando que el sistema actual resulta insuficiente frente a determinadas situaciones de violencia.
El proyecto de Régimen Penal Juvenil no es nuevo en el Congreso. Durante 2025 logró avanzar en la Cámara de Diputados con la obtención de dictámenes en comisión, aunque nunca llegó a ser tratado en el recinto. Con la nueva composición de fuerzas parlamentarias y el cambio de prioridades del Ejecutivo, la iniciativa recupera impulso y vuelve a posicionarse como uno de los debates más delicados del año legislativo.
Desde Balcarce 50 reconocen que la inclusión de la ley Penal Juvenil no formaba parte del esquema original para las extraordinarias, centrado casi exclusivamente en la reforma laboral. Sin embargo, la creciente centralidad del tema de la seguridad en la agenda pública terminó empujando al Gobierno a habilitar esta discusión antes de lo previsto. Fuentes legislativas advierten que se trata de un debate que difícilmente pueda resolverse en plazos cortos y que podría extenderse incluso más allá del período extraordinario.
Mientras tanto, el oficialismo busca ordenar el “poroteo” y evitar que la ampliación del temario disperse apoyos para su proyecto prioritario, la reforma laboral. La estrategia pasa por jerarquizar iniciativas sin superponer conflictos que compliquen la construcción de mayorías en un Congreso fragmentado y con bloques cada vez más atomizados.
El debate sobre el Régimen Penal Juvenil no se limita al oficialismo. Dirigentes de distintos espacios políticos también reclaman avanzar con una actualización normativa, ya sea por motivos vinculados al orden público o como respuesta a hechos de inseguridad que tuvieron fuerte repercusión social. No obstante, la discusión sobre la edad de imputabilidad promete ser uno de los puntos más controvertidos, con posiciones fuertemente enfrentadas.
Analistas parlamentarios señalan que sumar esta ley al temario eleva el nivel de complejidad de las negociaciones. A diferencia de otros proyectos, no se trata de una iniciativa que genere alineamientos automáticos, sino que tiende a atravesar transversalmente a los bloques, potenciando las diferencias internas y los debates ideológicos.
Con la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil en el centro de la escena, el Gobierno ingresa a una etapa legislativa de alta exposición política. Cada movimiento deberá ser calibrado con precisión, en un escenario donde las prioridades económicas conviven con demandas sociales profundas y donde el margen de error es reducido.
