La decisión del Tribunal de Cuentas de no aprobar la licitación para la compra de drones destinados a la Policía de Córdoba activó una fuerte respuesta del Gobierno provincial, que incluyó duras críticas del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y un respaldo explícito del gobernador Martín Llaryora, quien acusó a la oposición de hacer política partidaria con un tema sensible como la seguridad.
La polémica se desató este fin de semana luego de que se conociera que el Tribunal de Cuentas, con mayoría opositora, frenó la contratación de drones de última generación que la Provincia había impulsado para crear una división especializada dentro de la Policía de Córdoba. La inversión prevista era de 6,8 millones de dólares y contemplaba la adquisición de 15 dispositivos para fortalecer las tareas de prevención, vigilancia y control del delito.
El proyecto había sido anunciado en mayo de 2025, cuando el Gobierno provincial informó la creación de una unidad específica de drones en la fuerza policial y el llamado a licitación para dotarla de equipamiento tecnológico. La iniciativa se inscribía dentro de una estrategia más amplia de incorporación de herramientas de última generación para reforzar el sistema de seguridad en distintos puntos de la provincia.
Sin embargo, la contratación no fue aprobada por el Tribunal de Cuentas, lo que motivó una inmediata reacción por parte del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. El funcionario cuestionó con dureza a la oposición, a la que definió como “juecismo”, y sostuvo que la decisión implica un intento de “dejar indefensa a Córdoba”. En un mensaje publicado en sus redes sociales, advirtió que “cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia”.
Quinteros afirmó que detrás de la resolución existe una intencionalidad política y no técnica, al remarcar que el freno a la compra no se basa en objeciones al precio ni al procedimiento administrativo. Según explicó, lo que se cuestiona es la decisión política de equipar a la Policía con tecnología de primer nivel. En ese sentido, sostuvo que las áreas técnicas del propio Tribunal de Cuentas habían aconsejado aprobar la inversión y que el rechazo responde a lo que definió como una “militancia disfrazada de dictamen jurídico”.
En su mensaje, el ministro fue más allá y planteó que este tipo de decisiones tienen impacto directo en la seguridad de la población. “Eso no es oposición. Eso es jugar con la vida de la gente”, expresó, al tiempo que aseguró que el Gobierno provincial continuará avanzando con su política de seguridad “dando la cara y defendiendo una Córdoba más segura, con firmeza, coraje y legitimidad democrática”.
La controversia escaló cuando el gobernador Martín Llaryora se sumó públicamente al cruce con la oposición. El mandatario reposteó el mensaje de Quinteros y cuestionó el freno a la licitación en términos políticos. “Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”, escribió en la red social X, reforzando la línea argumental del ministro de Seguridad.
Llaryora también apuntó contra las contradicciones que, según su mirada, existen dentro del espacio opositor. En particular, cuestionó la postura del juecismo y su vínculo con sectores libertarios al señalar que “los libertarios en Córdoba contradicen todo el tiempo al Gobierno nacional en la política de seguridad”, en referencia al acercamiento entre el Frente Cívico y La Libertad Avanza, el espacio que conduce el presidente Javier Milei.
Tras la respuesta del mandatario provincial, el propio Luis Juez salió en defensa del accionar de sus representantes y señaló la falta de transparencia del Gobierno.
“No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida. Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de CORRUPCIÓN a los que su administración nos tiene acostumbrados. Si tuviéramos una justicia independiente, usted y su ministro tendrían que estar dando explicaciones”, respondió con dureza.
El intercambio de acusaciones dejó expuesto el nivel de tensión política que rodea las decisiones vinculadas a la seguridad y el rol que juegan los organismos de control en ese escenario. Para el oficialismo, la negativa del Tribunal de Cuentas implica un bloqueo político a una inversión estratégica. Para la oposición, en cambio, se trata del ejercicio de sus atribuciones institucionales en materia de control del gasto público.
La compra de drones aparece, así, como un nuevo punto de fricción entre el Gobierno provincial y el juecismo, en un contexto en el que la seguridad se mantiene como uno de los ejes centrales del debate político cordobés y como un tema de alta sensibilidad social.
