Con la puesta en marcha del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), la asistencia estatal quedará limitada a los hogares y pymes que cumplan con estrictos criterios económicos y patrimoniales. El objetivo es depurar el sistema y concentrar la ayuda en quienes realmente la necesitan, a partir de febrero.
El Gobierno nacional avanzó en la implementación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), el nuevo mecanismo que reemplaza a la segmentación tarifaria anterior para el acceso a los subsidios en los servicios de luz y gas. La medida fue oficializada mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial y redefine quiénes podrán recibir la ayuda estatal a partir de un sistema de control más exhaustivo.
El nuevo esquema se apoya en el cruce de información entre distintos organismos públicos y en una declaración jurada digital que deberán completar los usuarios. A partir de esos datos, se evaluará la situación económica y patrimonial de cada hogar. La Secretaría de Energía será la autoridad encargada de administrar, supervisar y auditar el funcionamiento del registro.
Según lo dispuesto, quedarán excluidos del beneficio aquellos hogares que presenten indicadores de capacidad económica elevada. Esto incluye a quienes posean vehículos con una antigüedad igual o menor a tres años, salvo casos vinculados a personas con Certificado Único de Discapacidad, a quienes tengan tres o más inmuebles registrados, a los titulares de embarcaciones de lujo o aeronaves, y a quienes cuenten con activos societarios que reflejen un patrimonio significativo. La lógica del sistema es considerar que ese tipo de bienes implica una situación económica incompatible con la recepción de subsidios.
Desde el Ejecutivo señalaron que quienes ya estaban inscriptos en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no deberán volver a anotarse, ya que la información migrará automáticamente al nuevo sistema. No obstante, los usuarios podrán actualizar sus datos si hubo cambios en su situación familiar, laboral o patrimonial. Esa actualización, a su vez, puede derivar en la pérdida automática del subsidio si el sistema detecta que ya no cumplen con los requisitos.
El Gobierno sostiene que el objetivo central del ReSEF es “identificar con precisión quiénes realmente necesitan la ayuda estatal” y evitar que los subsidios se asignen de manera generalizada. Para eso, el sistema integrará información de la ANSES, la Secretaría de Energía y otros organismos públicos, con la intención de mejorar la focalización del gasto.
En el caso de los usuarios residenciales, el impacto será especialmente visible en los sectores medios. Aquellos hogares que posean bienes considerados de alto valor quedarán fuera del régimen y comenzarán a pagar tarifas más cercanas al costo real del servicio. Desde la administración nacional anticipan que esto se reflejará en facturas más elevadas a lo largo del año, sobre todo en los meses de mayor consumo energético.
Además, advirtieron que la simple actualización de datos puede tener consecuencias inmediatas. Si se detectan inconsistencias o modificaciones patrimoniales que cambien la categoría del usuario, la exclusión del subsidio será automática, sin necesidad de un trámite adicional.
Para las pequeñas y medianas empresas, el nuevo sistema también implica un endurecimiento de las condiciones de acceso a la energía subsidiada. Las pymes que presenten niveles de facturación elevados, activos relevantes o una capacidad económica considerada suficiente quedarán fuera del beneficio. Esto supone un aumento directo en los costos operativos, con especial impacto en los comercios, la industria y los servicios que dependen de un alto consumo energético.
Desde el sector productivo advierten que la suba de tarifas puede trasladarse a los precios finales o afectar los márgenes de rentabilidad, en un contexto en el que la actividad económica todavía muestra signos de fragilidad. El nuevo esquema, en ese sentido, introduce un desafío adicional para las empresas más chicas, que deberán absorber un mayor costo fijo en sus estructuras.
Con la puesta en marcha del ReSEF, el Gobierno profundiza su estrategia de reducción del gasto en subsidios energéticos y apunta a una mayor selectividad en la asignación de recursos. La redefinición de los criterios marca un cambio de enfoque, que deja atrás la lógica más amplia de la segmentación para pasar a un modelo de asistencia focalizada, basado en el patrimonio y la capacidad económica real de los usuarios.
