En Casa Rosada discuten alternativas para contener el malestar de las provincias por cambios que impactan en la coparticipación, mientras crecen las tensiones internas sobre hasta dónde ceder en la negociación.
El Gobierno nacional abrió un debate interno sobre la posibilidad de otorgar compensaciones a los gobernadores que manifiestan reparos frente a algunos puntos de la Reforma Laboral, especialmente aquellos que podrían afectar la recaudación provincial. La discusión se da en un contexto de negociaciones intensas, donde el Ejecutivo busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con el proyecto en el Congreso.
Uno de los ejes de conflicto está vinculado a las modificaciones en la escala del Impuesto a las Ganancias, un tributo que se coparticipa con las provincias y que representa una fuente clave de ingresos para los distritos. Este punto genera preocupación entre varios mandatarios, incluso entre algunos que mantienen una relación de cooperación con la administración de Javier Milei.
En el seno del Gobierno conviven dos posturas. Por un lado, quienes impulsan la idea de atender los reclamos de cada provincia con soluciones específicas que permitan destrabar la negociación. Por el otro, un sector que considera que no corresponde avanzar con concesiones y sostiene que los gobernadores terminarán comprendiendo que la reforma traerá beneficios estructurales para sus economías regionales.
El tema forma parte de la agenda central de la mesa política convocada para esta mañana, donde se analizará el escenario parlamentario y las estrategias posibles para asegurar los votos necesarios. En ese marco, también participa el ministro de Economía, Luis Caputo, atento al impacto fiscal que cualquier concesión pueda generar.
Mientras tanto, el Ejecutivo ajusta la coordinación de su equipo negociador, integrado por referentes clave del oficialismo y funcionarios con peso en el armado político, con el objetivo de ordenar el discurso y definir hasta dónde está dispuesto a llegar en el diálogo con las provincias.
La discusión refleja el delicado equilibrio entre la intención de avanzar con una reforma estructural del mercado laboral y la necesidad de sostener acuerdos políticos que permitan su aprobación, en un escenario donde la relación entre Nación y provincias vuelve a ocupar un lugar central en la agenda.
