El cambio en la metodología del INDEC eleva el cálculo acumulado de inflación desde el inicio del actual gobierno y expone un escenario más exigente para la política económica. Aunque los precios no cambiaron por el índice, el nuevo IPC muestra con mayor crudeza el impacto real del costo de vida.
La entrada en vigencia del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC reconfiguró el modo en que se mide la inflación en la Argentina y dejó un dato políticamente sensible para el Gobierno de Javier Milei: la inflación acumulada desde el inicio de su gestión ya ronda el 270%, unos diez puntos por encima de lo que arrojaba la medición anterior.
El cambio no responde a una suba repentina de precios, sino a una actualización metodológica basada en la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18), que redefine cuánto pesa cada rubro dentro del consumo cotidiano. Servicios, transporte, vivienda, energía y comunicaciones ganan protagonismo en el índice, mientras que alimentos y vestimenta pierden peso relativo, una modificación que termina elevando el cálculo histórico de la inflación.
En términos prácticos, el nuevo IPC busca reflejar con mayor precisión cómo gastan hoy los argentinos. Amplía además la base de medición: pasa de 320.000 a 500.000 precios relevados y suma más informantes, lo que convierte al índice en una herramienta más fina y representativa. Pero esa mayor precisión también deja más expuesto el impacto real del aumento del costo de vida, especialmente en sectores donde los servicios son el principal componente del gasto mensual.
El cierre inflacionario de 2025, con una suba anual cercana al 31%, mostró una desaceleración respecto de años anteriores, aunque todavía lejos de estándares regionales. Sin embargo, al proyectar ese comportamiento sobre el conjunto de la gestión y aplicar el nuevo IPC, el acumulado del 270% vuelve a colocar a la inflación como el eje estructural de la política económica.
Para el Gobierno, el desafío de 2026 se vuelve más exigente. No solo necesita consolidar una tendencia de baja en los precios, sino hacerlo bajo un sistema de medición que es más severo y menos indulgente con los desajustes macroeconómicos. La acumulación de reservas, la política cambiaria y el orden fiscal aparecen como factores decisivos para sostener cualquier sendero de desinflación.
El nuevo índice, en ese sentido, no cambia la realidad económica, pero sí la manera en que se la observa. Y al hacerlo, eleva la vara: cada punto de inflación futura tendrá más peso político y social, en un contexto donde el costo de vida sigue siendo el principal termómetro de la gestión.
