El Gobierno oficializó por decreto una profunda reestructuración del sistema de inteligencia. Centralización de funciones, ampliación de atribuciones y puntos sensibles —como la posibilidad de aprehender personas— reavivan cuestionamientos políticos y jurídicos.
El Gobierno nacional formalizó este viernes la reforma integral de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) mediante el Decreto 941/2025, una norma que redefine competencias, amplía facultades y concentra poder en el organismo rector del sistema de inteligencia. Aunque el Ejecutivo presenta la medida como un paso hacia la modernización y la eficiencia, varios de sus artículos ya generan polémica y resistencia en sectores de la oposición y del arco institucional.
La reforma ratifica a la SIDE como órgano superior del sistema y la reconfigura en torno a cuatro estructuras centrales: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la Inspectoría General de Inteligencia. Todas cuentan con autonomía técnica, pero quedan bajo una conducción política fuertemente centralizada, con control directo sobre presupuestos, gastos reservados y designaciones clave.
Uno de los puntos más controvertidos es la autorización para que los organismos de inteligencia puedan proveer su propia seguridad, repeler agresiones y aprehender personas en casos de flagrancia, dando aviso posterior a las fuerzas de seguridad. Esta atribución, inédita en el esquema histórico del sistema, encendió alertas por una posible superposición con funciones policiales y por los riesgos institucionales que implica ampliar ese margen de acción.
También genera debate la reafirmación del carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia, bajo el argumento de reducir el “riesgo estratégico nacional”. Si bien el decreto mantiene la prohibición de realizar espionaje por motivos políticos, ideológicos o religiosos, críticos advierten que la amplitud de las nuevas competencias y la capacidad de requerir información a todo el sector público —incluidas provincias y la Ciudad de Buenos Aires— podría tensionar los mecanismos de control democrático.
La norma, además, crea dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integra a organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, y la Comunidad Informativa Nacional, compuesta por ministerios y organismos civiles que aportarán información estratégica sin realizar inteligencia directa. En paralelo, se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y se concentran sus funciones en el Estado Mayor Conjunto, con el objetivo de evitar superposiciones.
El decreto ya rige desde su publicación en el Boletín Oficial, pero deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Mientras el Gobierno avanza con una de las reformas más profundas del sistema desde 2001, el debate político y jurídico queda abierto: modernización y eficiencia para el oficialismo, concentración de poder y zonas grises para sus críticos.
