Tras dos años de congelamiento, el Ejecutivo dispuso que ministros y funcionarios de jerarquía vuelvan a percibir incrementos atados a las paritarias estatales, con una cláusula automática de freno si se registra déficit.
El Gobierno nacional oficializó una modificación en el esquema salarial de la alta conducción del Estado al habilitar aumentos para ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades con rango equivalente, a partir de enero de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, y excluye expresamente al Presidente y al Vicepresidente de la Nación.
La norma extiende a los altos cargos del Poder Ejecutivo los incrementos acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional durante 2024 y 2025, aunque sin carácter retroactivo y a partir del mes siguiente a la vigencia del decreto. Se trata del fin de un congelamiento salarial que se había dispuesto a comienzos de la gestión de Javier Milei como señal de austeridad fiscal.
En los considerandos, el Ejecutivo recuerda el escenario económico heredado a fines de 2023, con alta inflación, elevados índices de pobreza e indigencia y déficit fiscal, y sostiene que la decisión de congelar los sueldos de las autoridades superiores permitió generar ahorro y acompañar un proceso de fuerte reducción de la estructura estatal. Según el Gobierno, ese ajuste incluyó la eliminación de ministerios, secretarías y direcciones, además de una significativa reducción del empleo público.
El núcleo del decreto introduce una cláusula central: los aumentos quedarán automáticamente suspendidos si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado. En ese caso, los salarios de los altos cargos se congelarán sin necesidad de un nuevo acto administrativo y no podrán recibir nuevas subas mientras persista esa situación, en base a los datos oficiales del Ministerio de Economía.
La norma también establece que los futuros acuerdos paritarios del sector público se aplicarán de manera automática a los funcionarios de mayor jerarquía, siempre bajo la misma condición de equilibrio fiscal. En paralelo, instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público basado en mérito, evaluación de desempeño y esquemas salariales vinculados a la responsabilidad del cargo.
Finalmente, el decreto invita a los otros poderes del Estado, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el mecanismo de congelamiento automático de salarios ante situaciones de déficit, enmarcando la medida en una estrategia de profesionalización del Estado compatible —según el Gobierno— con el mantenimiento del superávit fiscal.
