La suba rige desde enero y alcanza a naftas y gasoil en todo el país. El ajuste pleno fue postergado para febrero con el objetivo de moderar el impacto inflacionario.
El Gobierno nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida que comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026 y tendrá efecto directo en los precios de los surtidores. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 929/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Según lo establecido, el incremento alcanza a los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero, mientras que el resto del ajuste pendiente —correspondiente a actualizaciones atrasadas de 2024 y de los primeros trimestres de 2025— fue diferido para febrero. La medida busca atenuar el traslado inmediato a los precios finales y contener presiones inflacionarias.
En el caso de la nafta sin plomo y la nafta virgen, el impuesto a los combustibles líquidos asciende a $17,291 por litro, frente a los $16,373 vigentes en diciembre. A su vez, el impuesto al dióxido de carbono pasa a $1,059 por litro, desde los $1,003 anteriores.
Para el gasoil, el tributo se incrementa a $14,390 en concepto de impuesto a los combustibles líquidos, mientras que el tratamiento diferencial para determinadas regiones sube a $7,792. En tanto, el impuesto al dióxido de carbono alcanza los $1,640 por litro. Estos valores también representan un aumento respecto de los montos aplicados hasta diciembre.
El ajuste tiene alcance nacional, aunque mantiene un esquema diferencial para el gasoil destinado a provincias patagónicas —Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego—, además del Partido de Patagones, en Buenos Aires, y el Departamento de Malargüe, en Mendoza.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumentó que la postergación parcial de los aumentos responde a la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, evitando un impacto más fuerte en los precios de los combustibles y, por extensión, en la inflación.
De este modo, la administración de Javier Milei vuelve a desdoblar la actualización impositiva sobre los combustibles, una estrategia que apunta a cumplir con la recomposición tributaria sin trasladar de manera inmediata el ajuste completo al consumidor final.
