La decisión fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni tras detectar graves irregularidades administrativas. Aseguran que no se recortarán pensiones ni prestaciones para personas con discapacidad.
El Gobierno de Javier Milei confirmó este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyas atribuciones pasarán a depender del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien remarcó que la medida no implicará recortes ni eliminación de prestaciones para los beneficiarios.
La decisión se da en un contexto de fuerte cuestionamiento al funcionamiento de la agencia, luego de la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y de una auditoría interna que detectó múltiples irregularidades administrativas. Según explicó Adorni, la ANDIS, creada en 2017 como organismo descentralizado, acumuló con el paso de los años “capas burocráticas innecesarias, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
Entre las anomalías detectadas, el vocero enumeró casos de pensiones que continuaban pagándose a personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación respaldatoria, médicos que avalaban trámites sin historia clínica y organizaciones que facturaban servicios que nunca se prestaron. En ese marco, mencionó el caso de la Fundación METAS, que declaraba brindar apoyo escolar, pero que en la práctica funcionaba en una vivienda precaria sin servicios básicos.
Adorni sostuvo que la absorción de las funciones de la ANDIS por parte del Ministerio de Salud permitirá ordenar el sistema y garantizar controles más estrictos. “Las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control, trazabilidad en los expedientes, auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”, afirmó.
Además, el Gobierno anunció la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del organismo disuelto. No obstante, el vocero fue enfático al despejar dudas sobre el impacto social de la medida: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni prestaciones. No se va a eliminar absolutamente ningún derecho adquirido”, subrayó.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca avanzar en su política de reducción del gasto estatal y reordenamiento de organismos públicos, asegurando al mismo tiempo la continuidad de las políticas de asistencia y acompañamiento a las personas con discapacidad.
