El gobernador justificó las medidas por el “problema estructural de déficit” de la Caja de Jubilaciones. Los gremios estatales hablan de “confiscación” y denunciaron un “ajuste a espaldas” de los cordobeses.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, oficializó este lunes la Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11.087, una reforma integral del sistema previsional provincial que introduce una nueva escala progresiva de aportes personales para trabajadores activos y jubilados, además de modificaciones en el aporte solidario. Desde el Ejecutivo señalaron que las medidas apuntan a corregir un “problema estructural de déficit” de la Caja de Jubilaciones, mientras que desde sectores gremiales y de la oposición se expresaron fuertes críticas.
Según informó el Gobierno provincial, la ley elimina el aporte fijo del 4% para los trabajadores activos y lo reemplaza por un esquema progresivo según el nivel de ingresos. La nueva escala fija aportes del 2% para salarios de hasta $755.000; del 3% entre $755.000 y $1.000.000; del 4% entre $1.000.000 y $2.500.000; del 6% entre $2.500.000 y $3.500.000; y del 8% para ingresos superiores a $3.500.000.
Desde la Provincia aseguraron que con este esquema el 74% de los trabajadores activos no tendrá modificaciones en sus aportes, cifra que asciende al 87% en el caso del sector docente, lo que —según el Ejecutivo— refuerza el criterio de progresividad del sistema.
La normativa también elimina el FOCCA e incorpora un adicional mensual no remunerativo para jubilados y pensionados que perciben hasta $1.300.000. Este adicional representa un incremento de hasta el 82% del haber bruto y beneficiará a 52.438 personas de distintos sectores, como docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, municipios y comunas.
Otro de los cambios relevantes es la modificación del artículo 58 de la Ley 8.024, que eleva el piso mínimo del aporte solidario de $1.260.000 a $1.890.000. Con esta actualización, 9.856 beneficiarios dejarán de realizar dicho aporte. La nueva escala establece alícuotas progresivas del 5% al 20%, según el nivel de ingresos.
El Gobierno provincial garantizó además que la aplicación de las nuevas alícuotas no implicará una disminución de los haberes de activos y pasivos respecto de noviembre de 2025, ya que se instrumentará un esquema de compensaciones a cuenta de futuros aumentos.
Sin embargo, desde la oposición sostienen que el partido gobernante, con 27 años al frente del Gobierno provincial, tiene una responsabilidad directa en el actual estado de la Caja de Jubilaciones. En ese sentido, señalaron que a lo largo de los años se habilitaron jubilaciones especiales para personas que no contaban con los años de servicio o los aportes suficientes, lo que habría contribuido al desfinanciamiento del sistema.
En su discurso, el gobernador Llaryora volvió a poner el foco en la deuda que el Estado nacional mantiene con Córdoba. “También es cierto que gran parte de este problema se resolvería si la Nación saldara la deuda que mantiene con la Provincia. Por eso seguimos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirmó.
Mientras el Ejecutivo defiende la reforma como un paso hacia un sistema previsional “más justo, equitativo y sostenible”, gremios estatales calificaron las medidas como un ajuste y denunciaron que se trata de decisiones tomadas “a espaldas de los cordobeses”, anticipando nuevos reclamos y acciones en rechazo a la ley.
