Un informe del Congreso señala que los aumentos previstos no representan un gasto imposible de afrontar y cuestiona que el Gobierno intente eliminarlos del Presupuesto 2026 mientras resigna otros recursos fiscales.
Un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) indica que el impacto fiscal de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, que el Gobierno nacional intentó derogar en el Presupuesto 2026, sería acotado y no comprometería el equilibrio fiscal. Según las estimaciones oficiales, el costo total de ambas normas no superaría el 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
El estudio fue difundido luego de que el oficialismo fracasara en su intento de eliminar estas leyes, ya vigentes y votadas con amplia mayoría en el Congreso, incluso tras haber sido vetadas por el presidente Javier Milei y ratificadas nuevamente por ambas Cámaras.
En el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la OPC proyecta que podría incrementarse el número de beneficiarios entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre 1,9 y 3,6 billones de pesos para 2026, lo que representa entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
El cálculo contempla la actualización de pensiones, el aumento de aranceles para prestadores y una compensación de emergencia para el sector, además de fondos destinados a talleres de producción. Las proyecciones se realizaron en base a la inflación estimada por el propio Gobierno para 2026, fijada en 10,1%.
Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario tendría un impacto estimado de 1,96 billones de pesos, equivalente al 0,23% del PBI. Aunque el informe se elaboró sobre datos de 2025, la OPC aclara que, en términos reales, el resultado fiscal sería similar si se extrapola al próximo ejercicio.
Esta norma prevé la recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización periódica de partidas según el Índice de Precios al Consumidor, mejoras salariales para docentes y no docentes y la actualización automática de becas estudiantiles.
Desde el Congreso remarcan que, a pesar de advertir sobre estos gastos, el propio Presupuesto 2026 contempla resignar recursos fiscales por montos mayores a través de rebajas impositivas y beneficios tributarios, como la reducción del impuesto a las Ganancias para grandes empresas, la baja de Bienes Personales, la eliminación del Impuesto PAIS y distintos blanqueos fiscales.
En ese contexto, el informe pone en duda el argumento oficial de que las leyes de Discapacidad y Universidades ponen en riesgo el déficit cero y plantea que su impacto fiscal es limitado frente a otras decisiones presupuestarias del Ejecutivo.
