Con dictámenes ya firmados, La Libertad Avanza apunta a obtener media sanción del Presupuesto y de dos proyectos clave en la primera semana de sesiones extraordinarias. La estrategia oficialista combina números propios, aliados circunstanciales y un temario de fuerte impronta fiscal.
El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la Cámara de Diputados para avanzar con su agenda legislativa y se prepara para una sesión clave este miércoles desde las 14, en la que buscará aprobar el Presupuesto 2026 y otros dos proyectos centrales de su estrategia económica. Tras conseguir dictámenes de mayoría en comisiones, La Libertad Avanza confía en alcanzar la media sanción en lo que sería su primer gran objetivo parlamentario del período de extraordinarias.
El proyecto de Presupuesto 2026, eje del temario, mantiene en líneas generales el contenido del dictamen emitido en noviembre pasado. El texto prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1% y un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Entre los puntos más sensibles, deroga las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad aprobadas con anterioridad, prorroga hasta 2045 los beneficios impositivos para la energía renovable e incorpora deducciones en impuestos a los combustibles líquidos y al gasoil.
El dictamen oficialista reunió 28 firmas, aunque incluyó seis respaldos con disidencias. Las objeciones provinieron de legisladores del MID y de Innovación Federal, que cuestionaron la eliminación de las normas vinculadas a universidades y discapacidad. Desde el PRO también marcaron diferencias por la ausencia de una definición sobre la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires y por el artículo referido al mecanismo de cancelación de deudas de distribuidoras eléctricas. El radicalismo sumó otras disidencias parciales, aunque sin romper el acompañamiento general al avance del proyecto.
Junto al Presupuesto, el oficialismo logró dictamen para otras dos iniciativas. Una de ellas es el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establece sanciones penales para funcionarios que incrementen el gasto público sin financiamiento previsto. La propuesta fija penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación absoluta, con agravantes de hasta diez años para autoridades del Banco Central, y prohíbe expresamente el uso de adelantos transitorios del BCRA para financiar el gasto primario.
El tercer eje del temario es la modificación del Régimen Penal Tributario, impulsada por el Ministerio de Economía bajo el concepto de Presunción de Inocencia Fiscal. El proyecto eleva de manera significativa los montos mínimos para considerar delito la evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones. En el Gobierno sostienen que la medida apunta a actualizar parámetros desfasados y a incentivar la regularización de capitales no declarados, en un contexto en el que se estima que los argentinos mantienen unos 243.000 millones de dólares fuera del circuito formal.
Con estos dictámenes en mano y una mayoría ajustada pero posible, el oficialismo apuesta a cerrar una semana decisiva en Diputados. De lograr la media sanción, el desafío pasará luego al Senado, donde el Gobierno deberá volver a desplegar negociaciones para convertir en ley un paquete que sintetiza el corazón de su programa fiscal y económico.