El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Glaciares. Organizaciones ambientales advierten que los cambios podrían habilitar actividades mineras en zonas hoy protegidas y afectar el acceso al agua de más de 7 millones de habitantes.
La gestión del presidente Javier Milei presentó en el Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639) que generó fuertes cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientalistas. Según advierten, la iniciativa podría debilitar la protección de glaciares y ambientes periglaciales, considerados reservas estratégicas de agua dulce, y poner en riesgo el abastecimiento de agua potable en distintas regiones del país.
Desde el Ejecutivo se argumenta que la modificación busca “ordenar el marco normativo vigente”, redefinir criterios técnicos y reforzar un esquema de “federalismo ambiental”, otorgando mayor protagonismo a las provincias en el manejo de los recursos naturales. Sin embargo, organizaciones como Jóvenes por el Clima sostienen que el proyecto implica una “desprotección estructural” de reservas clave y podría afectar cuencas hídricas enteras.
Uno de los puntos más sensibles de la reforma establece que las autoridades provinciales podrán determinar si un glaciar o ambiente periglacial cumple o no la función de reserva estratégica de agua. En caso de que consideren que no cumple ese rol, podrán solicitar su exclusión del Inventario Nacional de Glaciares, que actualmente funciona como base para la protección legal de estas formaciones. El organismo técnico encargado del relevamiento, el IANIGLA, deberá eliminarlo del registro.
Según las organizaciones ambientales, este cambio abre la puerta a que zonas hoy protegidas queden habilitadas para proyectos productivos intensivos, especialmente mineros. “Esto pone en riesgo el acceso al agua potable de más de 7 millones de personas”, advirtieron desde Jóvenes por el Clima. Además, señalaron que los glaciares argentinos alimentan 36 cuencas hídricas que abastecen al 18% de la población y conforman la segunda mayor reserva de agua dulce de América Latina.
En la actualidad, Argentina cuenta con casi 17 mil glaciares que ocupan una superficie superior a los 8.400 kilómetros cuadrados. Estas formaciones no solo son claves para el consumo humano y la producción agrícola, sino también para la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.
El proyecto mantiene, en los papeles, la prohibición de actividades como la exploración y explotación minera, la instalación de industrias o la liberación de contaminantes sobre glaciares y ambientes periglaciales. No obstante, introduce un cambio relevante: serán las autoridades competentes, a través de evaluaciones de impacto ambiental, las que determinen qué actividades implican una “alteración relevante” del ambiente protegido.
También se establece que la falta de actualización del Inventario Nacional de Glaciares no invalidará las autorizaciones ambientales provinciales ya otorgadas, un punto que, según los críticos de la reforma, brinda mayor seguridad jurídica a proyectos productivos, pero debilita el principio de protección preventiva.
Desde las organizaciones ambientales aclaran que no se oponen al desarrollo minero en general, pero cuestionan que se avance sobre zonas clave para el agua. “No estamos en contra del desarrollo, estamos en contra de poner en riesgo el agua potable de millones de argentinos”, señalaron.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares se da en un contexto de creciente demanda internacional de minerales estratégicos y vuelve a poner en el centro de la escena la tensión entre desarrollo económico, cuidado ambiental y acceso al agua, un recurso vital también para las comunidades del interior del país, incluido el sur de la provincia de Córdoba.
