El fiscal Pablo Jávega dio por concluida la investigación y formuló el mérito acusatorio tras casi dos décadas del crimen. Mientras la defensa y la querella ya fueron notificadas, el Tribunal Superior de Justicia analiza si existieron causales suspensivas que permitan avanzar con el juicio o si corresponde declarar la prescripción.
Pablo Jávega, titular de la Unidad Fiscal Especial surgida tras el juicio absolutorio del viudo Marcelo Macarrón, brindó en las últimas horas una actualización clave sobre la causa Nora Dalmasso, al confirmar que la Fiscalía ya solicitó formalmente la elevación a juicio luego de dar por concluida la investigación iniciada en octubre de 2022. El pedido fue notificado a la defensa del imputado y a la familia de la víctima, constituida como querellante particular, tras considerarse agotada la producción de prueba y reunidos los elementos suficientes para formular el mérito acusatorio.
El fiscal explicó que la causa, con casi 19 años de antigüedad, se encuentra ahora en una instancia decisiva, mientras la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba analiza si el proceso se encuentra prescripto por el paso del tiempo o si, dentro del extenso derrotero judicial, existieron causales suspensivas que habiliten la realización del juicio. En ese marco, Jávega señaló tres escenarios posibles: que el TSJ interprete la existencia de causales suspensivas antes del plazo de 15 años, que se habilite un juicio por la verdad o que se declare la prescripción.
En paralelo, el fiscal detalló públicamente los fundamentos técnicos que sostienen el pedido de elevación a juicio, detallando sobre los alcances de la decisión y el estado actual del expediente que tiene como principal sospechoso a Roberto Barzola, el parquetista que trabajaba en la casa de la víctima.
“El más importante fue el de compatibilidad genética, pero no fue el único”, afirmó Jávega al repasar la prueba incorporada en la causa, destacando además el trabajo del Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba y la colaboración de organismos científicos internacionales. Según explicó, desde el inicio de la investigación surgieron “otros indicios que impactan” y que deben ser analizados de manera conjunta.
Uno de ellos es el que definió como “un indicio de presencia o de concomitancia temporoespacial”. Jávega señaló que el propio imputado “referenció haber ido al domicilio donde ocurrió el hecho, en el día y en el rango horario en el que se ha estimado que ocurrió”. Remarcó que esa declaración fue realizada “dos días después de iniciar la investigación, cuando aún no se había determinado a nivel forense el rango horario del hecho”.
A ese elemento se suma lo que el fiscal calificó como “un indicio de mala justificación”. En ese sentido, recordó que el imputado afirmó haber concurrido previamente a un domicilio del country San Esteban, algo que “ha quedado acreditado” como falso. “Quedó en claro que él no fue al country San Esteban”, sostuvo, al mencionar los testimonios del propietario, del personal de guardia y los registros de ingreso.
Jávega explicó que esta situación deriva en otro indicio relevante. “Él mismo señaló que no pudo trabajar porque se habían abierto las ventanas y se había mojado el lugar, en una jornada en la que había llovido en demasía en Río Cuarto”, dijo. Sin embargo, aclaró que esa descripción “nunca pudo verificarla en un domicilio al que nunca concurrió”.
Según el fiscal, esa explicación “es literalmente la descripción de lo que se verificó en la escena del delito”. Detalló que en la habitación principal del domicilio se constató que “la puerta ventana se había abierto y se había humedecido todo el parquet”, incluso con signos de levantamiento por la humedad. “No era factible de describir si no fuera por la concurrencia en ese intervalo de tiempo”, concluyó.
