El sistema de Fondos de Asistencia Laboral (FAL), planteado por el Gobierno en su proyecto de reforma, reemplaza aportes patronales al sistema previsional por un fondo privado para costear despidos sin causa. Especialistas advierten por el impacto en la seguridad social.
La iniciativa de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei incorpora un cambio estructural en la forma de financiar las indemnizaciones por despido sin causa, al proponer la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Según estimaciones de especialistas citados por Ámbito, el nuevo esquema implicaría una transferencia anual cercana a los USD 3.000 millones desde la ANSES hacia las empresas.
Los FAL reemplazarán a los Fondos de Cese Laboral previstos en la Ley Bases, rechazados por distintos sectores empresarios por considerarlos demasiado costosos. En esta versión, el aporte será mensual y obligatorio: las compañías deberán destinar el 3% de la masa salarial bruta de cada trabajador al fondo, que será invertido en instrumentos autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
Sin embargo, ese 3% no saldrá de recursos propios de las empresas, sino de las contribuciones patronales que hoy financian el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En la práctica, se trata de un desvío directo de recursos desde la seguridad social hacia un fondo que será administrado para cubrir despidos privados.
Distintos especialistas en economía y derecho laboral advirtieron sobre los riesgos del esquema. El abogado laboralista Gustavo Ciampa calificó a los FAL como “las AFJP de esta época”, al considerar que entidades privadas manejarán recursos públicos con fines de lucro. Por su parte, el economista Juan Manuel Graña sostuvo que la reforma “reduce derechos laborales, amplía el margen de discrecionalidad empresaria y desfinancia a la seguridad social”, al tiempo que beneficia especialmente a las grandes compañías, por su mayor volumen de empleo registrado.
La transferencia estimada varía según la metodología: Graña calcula entre USD 2.600 y USD 4.700 millones anuales, mientras que Luis Campos, de la CTA-Autónoma, estima entre USD 2.000 y USD 2.500 millones. Además, Campos señaló que la reforma incluye una reducción del aporte patronal a las obras sociales, lo que constituye una nueva transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores.
Si bien algunos analistas plantean que la baja de costos laborales podría incentivar la contratación formal y ampliar la base de aportantes, otros advierten que el golpe al sistema previsional podría ser difícil de sostener. Graña incluso plantea que un sistema así sólo sería viable para micropymes bajo un régimen diferencial y progresivo.
Entre las críticas estructurales, especialistas remarcan un eventual paso siguiente: que, tras generar un desfinanciamiento del sistema previsional, el Gobierno impulsaría una reforma jubilatoria argumentando la necesidad de volver a un modelo similar al de las AFJP.
