El dirigente Matías Yofe cuestionó la falta de controles estatales y alertó sobre un conflicto de interés: jueces que integran el Tribunal de Disciplina de la AFA podrían intervenir en causas que involucren a la conducción de la asociación.
La Coalición Cívica volvió a encender las alarmas sobre un presunto entramado de lavado de dinero vinculado a sectores asociados a la dirigencia de la AFA. En una entrevista radial, el dirigente Matías Yofe expuso los fundamentos de la denuncia presentada por el espacio que lidera Elisa Carrió y criticó duramente la falta de reacción del sistema judicial y de los organismos de control.
El núcleo de la acusación se concentra en presuntos testaferros que habrían acumulado, sin justificación patrimonial, una mansión no registrada con helipuerto en Pilar y una colección de más de 120 autos de alta gama y vehículos clásicos. Entre los señalados aparece Luciano Pantano —monotributista— y su madre jubilada, titulares de la empresa Real Central, que figura como propietaria de la propiedad donde se habrían hallado las unidades.
Según Yofe, la gravedad de la evidencia no fue acompañada por una actuación judicial acorde. Señaló que la causa, presentada ante Casación, cayó en el juzgado de Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente sin ordenar medidas preliminares. Lo mismo ocurrió en el fuero Penal Económico. “Se iban pasando la causa peleándose por competencia y nadie cuidaba lo que había dentro de la quinta”, cuestionó.
El dirigente también remarcó el déficit de controles estatales que permitieron la expansión del patrimonio denunciado sin activar alertas financieras. “Estamos hablando de millones de dólares en autos y propiedades. No saltó ninguna señal, cuando a cualquier ciudadano que compra un auto se le exige justificar los fondos”, explicó. En ese sentido, advirtió que los capitales investigados serían fondos desviados que deberían haber llegado a los clubes del país, hoy atravesados por crisis económicas y estructuras deterioradas.
Otro punto sensible planteado por Yofe es el posible conflicto de interés en la investigación, ya que —según afirmó— jueces y fiscales que integran el Tribunal de Disciplina de la AFA podrían intervenir en causas que involucren a dirigentes de la propia asociación. “Veamos los nombres: pueden coincidir. Es impresionante. Ese es el delirio”, sostuvo, al responder sobre la posibilidad de que un expediente contra Claudio “Chiqui” Tapia terminara en manos de integrantes de ese tribunal.
Mientras la denuncia avanza, la Coalición Cívica insiste en que la trama exhibe fallas graves en los controles y un esquema patrimonial incompatible que, de confirmarse, afectaría directamente a los clubes del fútbol argentino.
