La reforma que impulsa el Gobierno nacional eleva penas en delitos clave, vuelve imprescriptibles los más graves y limita beneficios para garantizar mayor cumplimiento efectivo. El 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva.
El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un nuevo Código Penal que propone una reconfiguración del sistema punitivo argentino. El anteproyecto se confeccionó con la intención de generar cambios en la legislación penal que pongan fin a lo que describe como «una tomada de pelo a toda la sociedad».
La iniciativa propone cerrar la «puerta giratoria» que permite que personas condenadas «sigan delinquiendo una y otra vez». Entre otras modificaciones, la propuesta gubernamental endurece penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que hoy permiten reducciones o morigeraciones de condena.
El anteproyecto propone elevar mínimos y máximos en una amplia lista de delitos. El homicidio simple subiría de 8-25 años a una sanción de 10 a 30 años, mientras que el homicidio agravado, que ya tiene pena de prisión perpetua, incorpora nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente o ministros, menores de 16 o mayores de 65, o hechos cometidos en un lugar de concurrencia masiva mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas.
El endurecimiento también alcanza a delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil. En este último caso, la pena pasaría de 3-6 años a 3 a 12 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la pena se ubica en 4 a 12 años de prisión.
El capítulo sobre robos incorpora figuras específicas para modalidades como «motochorros», «viudas negras» y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple aumenta de 1 mes-6 años a 3 a 8 años de prisión cuando se comete con fuerza en las cosas, y a 3 a 10 años cuando se comete con violencia sobre las personas.
Una de las modificaciones es la eliminación de la prescripción para un conjunto amplio de conductas. El documento afirma que el castigo de delitos graves «no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas».
No prescribirán, entre otros, los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico.
El proyecto eleva mínimos penales para que una gran mayoría de delitos implique cumplimiento efectivo. Según el cálculo del Ejecutivo, el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva. Además, amplía la lista de delitos que ya no podrán obtener condena condicional, entre ellos robos especialmente agravados y la portación ilegal de armas.
La reforma también limita la liberación anticipada. Quedarán excluidos quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios.
Las condenas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, evitando la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema. También se establece que las condenas perpetuas no tendrán límite temporal, y que los funcionarios condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.
El proyecto amplía el marco de la legítima defensa y aumenta la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas