El Observatorio de la Deuda Social de la UCA registró una caída en la pobreza y la indigencia durante el tercer trimestre de 2025, aunque advirtió que la pobreza estructural no mostró mejoras y que gran parte del descenso responde a un efecto estadístico de mejor captación de ingresos.
La pobreza en la Argentina se ubicó en 36,3% al cierre del tercer trimestre de 2025 y la indigencia descendió a 6,8%, según el nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). Las cifras representan una baja de 9,3 puntos respecto del mismo período de 2024 y de 8,4 puntos frente al tercer trimestre de 2023, previo a la asunción del presidente Javier Milei.
No obstante, el informe destacó que una parte sustancial de esta mejora obedece a un ajuste estadístico. “Corrigiendo el cálculo por la mejora en la captación de ingresos, la caída real de la pobreza monetaria bajo la gestión actual sería de solo 2,1 puntos, y la pobreza corregida en 2025 se situaría en torno al 35%”, señaló el ODSA. Según el documento, aproximadamente tres cuartas partes del descenso registrado por los indicadores oficiales podrían explicarse por este efecto.
El reporte analiza las privaciones monetarias y otros indicadores complementarios, como el estrés económico y la inseguridad alimentaria. La medición se realiza con base en la Encuesta de la Deuda Social Argentina y datos empalmados con la EPH-INDEC, abarcando el período 2010-2025. El organismo recordó que la pobreza estructural se mantiene prácticamente inalterada en las últimas cuatro décadas, con un piso que ronda el 25% de la población.
En su repaso histórico, la UCA subrayó que el régimen económico posconvertibilidad nunca logró perforar el núcleo duro de pobreza crónica —entre 25% y 30%— y que un tercio de la población se encuentra atrapado en empleos informales o de subsistencia, con fuerte dependencia de transferencias públicas.
Las tasas más recientes muestran un descenso respecto a los picos de 2024: la pobreza pasó del 44,7% en 2023 al 36,3% en 2025, mientras que la indigencia bajó del 9,6% al 6,8% en el mismo lapso. La pobreza impacta con más fuerza en hogares con niños: 48,8% frente al 10,8% en hogares sin menores.
El informe también profundiza en las privaciones económicas y sociales. El 46,8% de la población atraviesa estrés económico —la percepción de que los ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos— y el 18,7% de los hogares padece inseguridad alimentaria, con un 7,8% en niveles severos. La situación se agrava entre los sectores más vulnerables, donde más del 40% registra inseguridad alimentaria.
La UCA subrayó, además, el rol de las políticas sociales: sin transferencias, la indigencia sería casi el doble (12,8%) y la pobreza alcanzaría el 41,8%. En paralelo, el informe alertó sobre el impacto psicológico del deterioro económico: el 37,7% de las personas de estratos muy bajos experimenta malestar psicológico, una proporción que duplica a la de niveles medios-altos.
En síntesis, aunque la mejora de los ingresos y la estabilización inflacionaria contribuyeron a una baja coyuntural de la pobreza y la indigencia, el ODSA advirtió que no se verifican avances estructurales: “Estas mejoras relativas no implican un cambio en las condiciones de vida ni en la alta desigualdad”, concluyó la UCA.
