El PJ versión cordobesista llegó al poder de la capital alterna con promesas de campaña bien claras. Una de ellas se había basado en el servicio de recolección de residuos que prestaba ya en aquel entonces la empresa COTRECO. La oposición y una buena parte de la opinión pública sostenían que el servicio era malo y poco transparente. Se le achacaba a la gestión saliente el haber cedido, de manera directa y sin éxito aparente, el servicio público más importante de la ciudad, antes en manos de la empresa mixta GAMSUR. Tal era el consenso alrededor de esta idea que incluso el candidato del oficialismo gobernante manifestaba coincidencias con respecto a la necesidad de un cambio.
OPINIÓN
MARCOS CURLETTO
PTE. UCR RÍO CUARTO
Juan Manuel Llamosas triunfó en las elecciones municipales de 2016 y llegó al Palacio de Mójica bajo el lema: “Conmigo Cotreco se va”. Sin embargo, la revolución ambiental prometida en campaña, en los hechos, sólo alcanzó para aprobar un nuevo Código de Higiene Urbana con nuevas prácticas de tratamiento y recuperación de residuos, pero se quedó sin nafta para correr de la escena a la cuestionada empresa, que no tuvo impedimentos para participar y quedarse con el servicio ante la sugerente ausencia de otros oferentes.
Cotreco no sólo no se fue, sino que vino a confirmar en poco tiempo que era una pésima opción para los riocuartenses. Pero antes de explicar el porqué de mi afirmación, me parece importante explicar el contexto en el que nace la idea de escribir esta nota de opinión.
Para fines de 2023 se vencía el plazo de concesión de los servicios en cuestión: recolección de residuos domiciliarios, barrido de calles, transporte de residuos patógenos y disposición final de residuos en el enterramiento municipal. El por entonces intendente Llamosas, y bajo el argumento de que se acercaba un cambio de gestión que tendría a un nuevo intendente conduciendo los designios de la ciudad, planteó prorrogar por 2 años (tal como establecía la opción contractual original) el servicio de los dos contratos vigentes con Cotreco que habían sido adjudicados en 2017.
Pese a las críticas que esbozamos desde la oposición por el desmanejo municipal en el control de los servicios y los evidentes incumplimientos que arrastraba la empresa prestataria, se definió que era un mal menor y preferible conceder la prórroga antes que dejarle al PJ la posibilidad de licitar y adjudicar a las apuradas. Claro está que, en cualquier caso, si hubiera existido voluntad real de hacer las cosas bien, el ex intendente podría haber enviado el pliego con anticipación y cambiado el cuestionado rumbo de gestión de este servicio. No lo hizo, y la oposición prefirió, con ciertas condiciones (que no fueron cumplidas), acompañar la prórroga y esperar que el nuevo intendente determinara un proyecto propio.
Guillermo De Rivas ganó en junio de 2024 y se convirtió en el nuevo intendente. Más allá de haber sido parte del gobierno anterior, tenía ahora la posibilidad de fijar criterios propios y asumía sabiendo que el tema más importante de su mandato sería definir el servicio público más oneroso que afrontan los contribuyentes de Río Cuarto.
Sin embargo, la improvisación que viene siendo el síntoma general de esta gestión ante diferentes problemas y temas que atañen a la administración municipal, se hizo patente una vez ahora en términos de la higiene urbana. La prórroga que se aprobó en 2023 se esfumó y dio lugar a una última extensión contractual obligada por el tipo de servicio esencial del que se trata. Hace apenas un par de semanas el gobierno municipal envió un expediente al Concejo Deliberante para tratar en simultaneo una nueva prórroga del contrato por 120 días y el nuevo pliego para licitar los servicios en cuestión.
Estamos transitando el ocaso del año 2025 y llevamos casi 10 años de mentiras del PJ local con respecto al tema basura. Asistimos a la consolidación absoluta de la irregularidad en términos de prestaciones del servicio de higiene urbana. En diciembre de este año ya no hay garantía contractual alguna, una vergüenza y un papelón político que parece a todas luces intencional.
Ahora bien, retomo el razonamiento o argumentación que dejé pendiente. ¿Por qué afirmamos que Cotreco, con la gestión Llamosas, terminó de confirmar lo que el propio Llamosas le achacaba en su primera campaña con respecto a prestar un servicio malo y poco transparente?
Básicamente, porque la empresa incumplió infinidad de veces con las obligaciones contractuales que le impuso el pliego de condiciones y el contrato de concesión. Repasemos algunos de los más importantes que se dieron en el marco de un oscuro vínculo entre una empresa poco transparente y un municipio poco inteligente o cómplice:
Para empezar, un día después de que entrara en vigencia el nuevo contrato con la Municipalidad de Río Cuarto, la empresa trasladó el pago del canon a un fideicomiso, maniobra que forma parte de una causa judicial iniciada en 2018, que aún se tramita en la Justicia y que incluye imputaciones al CEO de la empresa, Horacio Busso, y otros actores por lavado de activos, evasión fiscal y otros delitos de gravedad. Es decir, que desde el día dos de ejecución del contrato ya había razones para quitarle el servicio a Cotreco.
Incumplimiento de formas y de fondo con la construcción de la planta de reciclaje: el contrato N.º 2 exigía la construcción de una planta en el predio del enterramiento sanitario que debía estar lista a mediados de 2021 y se terminó recién a principios de 2024. La planta debía tener 5.500 m² y la que se entregó sólo tiene 500 m². Debía servir para recuperar y reciclar residuos, pero hasta el día de hoy no está operativa ni lo estuvo nunca.
En este punto vale decir que la municipalidad, y tras las presiones del bloque de la primera minoría que me tocó integrar, suspendió el pago de esa cuota parte del canon, pero recién cuando había cubierto el 50% del total del costo de la obra. Es decir, que la obra se ejecutó por una superficie real y total del 9% del tamaño original presupuestado, y la plata que se pagó de más nunca se reclamó o se devolvió.
Incumplimiento de las cláusulas que obligaban a la empresa a reinvertir un 1% del canon de recolección en campañas de concientización en medios de comunicación que fueran preparando a la ciudadanía para el cambio gradual de modelo previsto en el contrato y en el Código de Higiene Urbana. Cambio que implicaba una contenerización por sectores de la ciudad para comenzar a separar residuos en origen en los distintos barrios de la ciudad hasta cubrir la totalidad de la ciudad. Pese a pedir en reiteradas ocasiones informes y documentos que comprobaran que la empresa y el municipio cumplían con ese punto, jamás pudimos acceder a un expediente que diera cuenta de dichos planes comunicacionales. Básicamente porque nunca se ejecutaron.
Incumplimiento de las cláusulas que planteaban la contenerización gradual de los barrios de la ciudad propiamente dicha, para separar en origen y disminuir la cantidad de basura con destino de enterramiento. En este punto, los contenedores entregados por la empresa, según informes de la propia municipalidad, estuvieron por debajo de las cantidades exigidas en el contrato y nunca tuvieron una sistematización que demuestre algún avance gradual en pasar del servicio manual de recolección al mecánico. Mucho menos hay rastro alguno de que la contenerización avanzara en términos de separación de residuos, tal como planteaba el código y el contrato en cuestión.
Incumplimientos varios con respecto a las medidas de seguridad ambiental en el enterramiento que, por técnicas, no vamos a detallar, pero que son visibles para cualquiera que se llegue al predio, como por ejemplo la inexistencia de cortinas forestales que protejan a los vecinos y propiedades aledañas de voladuras de residuos.
En el medio de todas estas violaciones contractuales, la negligencia y/o complicidad del gobierno peronista, el de antes y el de ahora, alcanzaron su punto máximo cuando se hizo evidente que habían permitido que el enterramiento sanitario se agotara sin tener un plan B a la vista.
Cuando a finales del año 2021 desde la oposición empezamos a plantear inquietudes con respecto a la vida útil del enterramiento sanitario, los funcionarios del gobierno afirmaron que estaban trabajando en el tema y que todavía había margen de acción.
Sin embargo, cuando en el año 2022 llegó un expediente al Concejo Deliberante para poder expropiar y ampliar el predio, nos encontramos con documentos que databan del mes de septiembre de 2018, en los que el entonces subsecretario de Servicios Públicos le solicitaba al ex Fiscal Municipal Julian Oberti, que de manera urgente iniciara gestiones para ampliar el enterramiento. En la nota citada, el funcionario afirmaba que, según sus propios cálculos, ya para ese entonces, al predio le quedaba una vida útil de 18 meses aproximadamente. Es decir que transcurrieron cuatro años hasta que esta situación salió a la luz y obligó al gobierno a mandar un proyecto de expropiación para ampliar en 10 hectáreas el predio municipal.
Ese proyecto prosperó sólo con el acompañamiento del oficialismo, que no prestó mayores explicaciones y que además menospreció el reclamo judicial que emprendieron los vecinos afectados, en términos de violaciones ambientales y cuestionando la legalidad de la expropiación impulsada. Si bien el nuevo fiscal municipal, Ricardo Muñoz, minimizó el reclamo judicial de la familia Calvo, lo cierto es que la municipalidad tomó posesión de estas nuevas hectáreas, pero jamás pudo iniciar tareas de enterramiento en estas tierras puesto que la Justicia se lo impidió hasta tanto resolviera la cuestión de fondo.
Dicho esto, surgen varios interrogantes. ¿Nos mintió el Fiscal Municipal y el PJ gobernante cuando nos dijo que el planteo judicial de los vecinos no tenía sentido y se resolvería todo rápido? ¿Si el enterramiento estaba agotado según los propios cálculos de la municipalidad en 2018 como mucho para el 2020, por qué recién llegó el plan de ampliación en 2022? ¿Por qué razón la Justicia se toma tanto tiempo para resolver la cuestión ambiental de fondo sabiendo que se trata de un tema de salubridad pública, riesgoso para el ambiente y los vecinos del lugar? ¿Cómo y dónde se están enterrando las 200 toneladas diarias de residuos que generan los riocuartenses? ¿Estamos poniendo en riesgo a los vecinos del enterramiento y a las poblaciones aledañas al cauce del río Cuarto? ¿Cuánto cuesta en términos ambientales el tiempo perdido sin avanzar en un modelo de separación y recuperación de residuos?
La basura en Río Cuarto se viene escondiendo bajo la alfombra de manera peligrosa. Se trata de un negocio multimillonario que se lleva más $2.000 millones por mes de los contribuyentes de la ciudad. Es un negocio con tremendo poder de lobby, en manos de muy pocas empresas y con vínculos políticos muy fuertes. La Justicia no se mete, ni investiga, ni avanza. Tampoco se atreve a fallar a favor del municipio. Nadie sabe cuáles son las consecuencias de llevar más de 5 años enterrando la basura en un lugar que debería ya estar sellado y en proceso de recuperación.
La política no se hace cargo. Algunos denotan manifiesta complicidad, otros prefieren mirar para otro lado y otros no terminan de entender lo que está en discusión. El tema es complejo, la opinión pública tiene otras urgencias y los intereses que se ponen en juego, la verdad, meten miedo.
Pero no quiero caer en la mera crítica o descripción de los hechos. Me atrevo a trazar algunas líneas de acción. Para empezar, diría que es necesario exigir que la empresa Cotreco no pueda participar del próximo proceso de licitación en Río Cuarto por incumplimientos reiterados y evidentes del contrato que está llegando a su fin. En segundo término, creo que es importante exigir una urgente respuesta a la Justicia de Córdoba con respecto al planteo judicial basado en cuestiones ambientales que aún espera resolución sobre el estado de contaminación en el enterramiento. En tercer término, me parece importante manifestar que algún fiscal debiera investigar si los incumplimientos de la empresa y la no sanción municipal frente a los mismos, no configura un delito cometido contra la administración pública por parte de la empresa y/o los funcionarios involucrados. Recordemos que por acción u omisión se le permitió a Cotreco cobrar millones de pesos por tareas que nunca hizo, o hizo muy por debajo de lo que le exigía el contrato.
Y finalmente creo que hay que exigir que el modelo de separación en origen, reducción y recuperación de residuos, en el que también se incorporaba la participación de los recuperadores urbanos como parte esencial de un modelo virtuoso, no sea excluido del pliego que actualmente está en discusión en el Concejo Deliberante, ya que, de mantenerse sin modificaciones, terminará por representar una absoluta involución en términos ambientales para la ciudad.
