Diego Santilli encabezará las conversaciones con la cúpula de la CGT mientras el Consejo de Mayo intenta cerrar un borrador “aplicable” para que el proyecto llegue acotado a las sesiones extraordinarias del 15 de diciembre.
Aunque sin la trascendencia nacional que el Ejecutivo esperaba, el Consejo de Mayo llegará el miércoles a su última reunión del año con una misión central: definir las bases del texto final de la reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso el 15 de diciembre, cuando comiencen las sesiones extraordinarias con la nueva composición legislativa. Será también el debut de Manuel Adorni como coordinador del espacio, ya como jefe de Gabinete, y la primera reunión sin la presencia de Guillermo Francos en ese rol.
Al encuentro asistirán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Las provincias estarán representadas por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; mientras que en nombre del Poder Legislativo participarán Carolina Losada y Cristian Ritondo. Por el sector sindical estará Gerardo Martínez, de la UOCRA, y por la industria, Martín Rappallini, de la UIA.
Aunque el temario de las sesiones extraordinarias será amplio, la reforma laboral concentrará la mayor parte del debate. La filtración de algunos lineamientos preliminares generó tensiones dentro del propio Gobierno y encendió alertas entre distintos sectores del trabajo organizado. En paralelo a las deliberaciones del Consejo de Mayo, la negociación más delicada quedará en manos del nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, quien comenzó a tender puentes con la cúpula de la CGT. En recientes contactos con los cotitulares Cristian Jerónimo y Jorge Sola, Santilli aseguró que el Ejecutivo abrirá una instancia de diálogo y pidió “no dejarse llevar por trascendidos” para facilitar un acuerdo.
Desde la central obrera reconocieron que su equipo jurídico ya revisa el último borrador con el objetivo de elaborar una contrapropuesta. Las principales preocupaciones pasan por la eventual reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de acuerdos por empresa, la restricción de las cuotas solidarias y la regulación de las asambleas en los lugares de trabajo, además de cualquier aspecto que implique una vulneración de derechos laborales.
Con múltiples frentes abiertos y presiones políticas en aumento, el oficialismo busca llegar a diciembre con un texto lo más depurado posible para encarar una de las discusiones legislativas más sensibles de la agenda económica y social.
