El Gobierno necesita a los mandatarios provinciales para aprobar la reforma laboral, impositiva y el nuevo Código Penal. A cambio, los gobernadores exigen fondos y obras en el Presupuesto 2026. Con negociaciones caso por caso, Milei y Santilli buscan votos en un Congreso donde La Libertad Avanza no logra el quorum sin aliados.
El destino de las reformas clave que impulsa Javier Milei —laboral, impositiva y del Código Penal— está en manos de los gobernadores. Con La Libertad Avanza lejos de alcanzar las mayorías propias en el Congreso, el Gobierno necesita sumar votos de legisladores alineados a los mandatarios provinciales, que ya anticiparon que no acompañarán los proyectos sin contrapartidas. La negociación es directa: apoyos a cambio de fondos y obras incluidos en el Presupuesto 2026.
Aunque el oficialismo creció tras las elecciones del 26 de octubre, consolidándose como primera minoría en disputa con Unión por la Patria, sigue sin contar con los números necesarios. En Diputados suma 88 bancas y en el Senado 18, insuficientes para garantizar el quorum y la aprobación de iniciativas sin alianzas.
Ese escenario explica la apertura del Gobierno hacia los gobernadores —una veintena ya pasó por la Casa Rosada— y la designación de Diego Santilli como negociador principal. Pero varios pedidos de las provincias, como los fondos vinculados a la coparticipación de CABA, aún no aparecen reflejados en el proyecto de Presupuesto.
El relevamiento del politólogo Pablo Salinas indica que 92 diputados y 28 senadores responden directamente a sus gobernadores. Sin embargo, no todos están disponibles para negociar. Los mandatarios alineados con Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Gustavo Melella y Ricardo Quintela no fueron convocados a la Casa Rosada y tampoco se espera que acompañen las reformas: en conjunto suman 41 diputados y 7 senadores que no aportarán votos al oficialismo.
Así, la “pecera” de gobernadores con los que Milei puede negociar se reduce a 51 diputados y 21 senadores repartidos entre distintos colores políticos. Allí aparecen los aliados más afines: Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Poggi (San Luis), que en total suman 11 diputados y 3 senadores.
Otro grupo clave es el de los llamados “árbitros”, gobernadores dispuestos a sellar acuerdos puntuales pese a diferencias previas. Entre ellos se ubican Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), que reúnen 14 diputados y 9 senadores. A ellos se suman Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Alberto Weretilneck (Río Negro), con otros 10 diputados y 4 senadores.
El peronismo también muestra fisuras. Osvaldo Jaldo (Tucumán) mantiene un bloque propio y ha tenido posiciones ambivalentes, mientras que Raúl Jalil (Catamarca) se acerca cada vez más al oficialismo y podría romper Fuerza Patria con sus 4 diputados y 1 senador. Gerardo Zamora (Santiago del Estero), con control total de las bancas de su provincia, tampoco se ubica entre los opositores duros.
Con este nuevo mapa, las negociaciones por el Presupuesto y las leyes reformistas se proyectan gobernador por gobernador, más que fuerza por fuerza. Todo indica que, en el momento de la votación, los tableros del Congreso reflejarán más la geografía política del país que la alineación partidaria tradicional.
