La docencia universitaria de todo el país realiza un paro desde este miércoles hasta el viernes en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. En la Universidad Nacional de Río Cuarto, el acatamiento fue de alrededor del 80 por ciento.
La primera jornada del paro docente universitario tuvo un alto acatamiento en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), donde cerca del 80% de los y las docentes se sumaron a la medida de fuerza convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). La protesta, que se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre, reclama la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y una mejora salarial ante la pérdida del poder adquisitivo del sector.
El paro fue definido por el plenario de secretarios generales de Conadu, luego de analizar los resultados de una consulta nacional en la que participaron miles de docentes de universidades públicas de todo el país.
En diálogo con CBAHOY, la secretaria general de AGD, Florencia Granato, explicó días atrás que “la medida coincide con la semana de la Reforma Universitaria y busca visibilizar la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de denunciar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”. La dirigente señaló que la ley “fue dejada en suspenso en su fase presupuestaria” y exigió que “sea considerada en el Presupuesto Nacional 2026”.
Desde el gremio advirtieron que la mayoría de los y las docentes universitarias perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza y que muchos deben desempeñar dos o tres trabajos para sostenerse económicamente. En ese sentido, reclaman una recomposición salarial urgente y la apertura de las paritarias del sector.
Durante los tres días de paro se desarrollarán distintas acciones de visibilización, incluyendo una manifestación frente al Ministerio de Educación de la Nación en Buenos Aires, junto a otras federaciones docentes. Además, Conadu anunció que, de no haber respuestas por parte del Gobierno nacional, las medidas podrían retomarse al inicio del ciclo lectivo 2026.
Pese a la medida de fuerza, el plenario gremial resolvió no suspender las mesas de examen, para evitar afectar las trayectorias estudiantiles y las instancias académicas previstas.
El conflicto se inscribe en un contexto de creciente tensión entre los gremios universitarios y el Gobierno, ante la falta de avances en la implementación de los compromisos establecidos por ley para garantizar el financiamiento del sistema público de educación superior.
