Los magistrados advirtieron que el Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional prevé una reducción del 8% general y del 74% en bienes de uso, lo que afectaría el funcionamiento de los tribunales y la implementación del nuevo sistema penal federal.
Representantes de las Cámaras Federales con competencia penal expresaron su preocupación por el recorte previsto en el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 elaborado por el Gobierno de Javier Milei. Según señalaron, la propuesta contempla una reducción del 8% en términos generales y del 74% en el rubro Bienes de Uso, lo que, advirtieron, podría “afectar gravemente el normal funcionamiento de los tribunales” y comprometer la independencia del Poder Judicial.
A través de un comunicado, los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales remarcaron que la independencia judicial es un “pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. En esa línea, destacaron que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera son condiciones indispensables para el correcto desempeño del sistema judicial.
Los jueces advirtieron que las asignaciones insuficientes pueden derivar en “infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”. También subrayaron la necesidad de contar con recursos para continuar con la modernización del sistema judicial y asegurar la implementación del nuevo sistema procesal penal federal.
En su pronunciamiento, los magistrados destacaron que la fuerte reducción en el presupuesto destinado a Bienes de Uso “impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica”, factores que consideran claves para brindar “un servicio de justicia eficiente y moderno”.
Finalmente, los representantes judiciales reafirmaron su compromiso con la defensa de la independencia del Poder Judicial y exhortaron a que el presupuesto sea revisado y ajustado a las necesidades reales del sector, en defensa del equilibrio republicano, la vigencia de la Constitución Nacional y el derecho ciudadano a una justicia accesible.
