La tragedia ocurrida el 3 de noviembre de 1995 dejó siete muertos, más de 300 heridos y daños millonarios. Tres décadas después, los sobrevivientes y familiares siguen reclamando justicia plena y el cumplimiento de las indemnizaciones previstas por ley.
Este 3 de noviembre se cumplen 30 años de las explosiones que devastaron la ciudad de Río Tercero y marcaron una de las páginas más oscuras de la historia reciente argentina. A las 8.55 de la mañana de 1995, la primera de tres detonaciones en la Fábrica Militar desató el caos: siete personas murieron, más de 300 resultaron heridas y barrios enteros quedaron destruidos.
Las dos primeras explosiones se produjeron en la planta de descarga, mientras que la tercera —la más potente— tuvo lugar en el depósito de expedición y suministros, esparciendo miles de proyectiles sobre los barrios Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino.
La Justicia determinó que no fue un accidente, sino un atentado intencional. El objetivo: encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. El propio expresidente negó desde un primer momento esa versión y calificó el hecho como un “accidente”, pero nunca llegó a ser juzgado: murió en 2021 antes de que avanzara la causa.
“Fue un hecho de una gran gravedad en el que hubo responsabilidades políticas que todavía debemos determinar”, señaló el abogado querellante Horacio Viqueira, representante de las hijas de la abogada Ana Gritti —una de las principales impulsoras de la causa— y de Hoder Dalmasso, una de las víctimas fatales. Gritti falleció en 2011 sin ver justicia, aunque su frase sigue vigente: “Si la justicia llega después de mucho tiempo, ya no es justicia”.
En el plano judicial y administrativo, aún resta cumplir con las reparaciones económicas establecidas por la Ley 27.179, sancionada en 2015, que prevé indemnizaciones por daños morales, psicológicos y materiales. Aunque el Estado nacional y los damnificados alcanzaron un acuerdo, los pagos avanzan con lentitud: hasta octubre de 2025 solo se habían efectivizado 196 de los 8.000 reclamos registrados.
En abril de este año, la Legislatura de Córdoba aprobó una resolución para desclasificar los expedientes vinculados al caso, en respuesta a los pedidos de transparencia de las víctimas. Mientras tanto, las familias siguen esperando que la reparación se concrete y que la memoria del hecho no se diluya en la burocracia.
Tres décadas después, Río Tercero continúa reclamando lo mismo que desde aquel 3 de noviembre de 1995: justicia, verdad y reparación efectiva.
