La rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto respaldó la decisión unánime del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de impulsar acciones judiciales ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.
Marisa Rovera se refirió a la decisión adoptada por los rectores de las universidades nacionales de avanzar en acciones judiciales frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional. “Una ley no puede ser suspendida por un decreto”, afirmó la autoridad universitaria, al destacar la posición unánime de las universidades nacionales en defensa del sistema público de educación superior.
Rovera explicó que durante el plenario del CIN, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el decano de esa unidad académica expuso los fundamentos técnicos y jurídicos sobre la imposibilidad de que un decreto presidencial anule o suspenda la aplicación de una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso y promulgada por el propio Ejecutivo.
“Lo que se plantea —dijo Rovera— es seguir firmes en la defensa de un derecho y del marco legal que asiste al sistema universitario. Ahora comienza una etapa en la que las áreas jurídicas de cada universidad analizarán las presentaciones ante los tribunales, siempre con una mirada colectiva y coordinada”.
La rectora remarcó además que el sistema universitario ha mantenido históricamente una conducta de diálogo con las autoridades nacionales, pero subrayó que la defensa del financiamiento universitario “no es una cuestión arbitraria ni caprichosa, sino la obligación de garantizar el cumplimiento de una ley votada democráticamente”.
La decisión del CIN se enmarca en un contexto de preocupación por la situación presupuestaria de las universidades nacionales, que advierten sobre el impacto que tendría el incumplimiento de la ley en el funcionamiento académico, la investigación y la extensión universitaria en todo el país.
