El ajuste del Gobierno de Javier Milei provocó la pérdida de más de 57 mil puestos de trabajo en el sector público, con fuerte impacto en empresas y entes descentralizados.
A un año y medio del inicio de la gestión de Javier Milei, el empleo público nacional se redujo un 16,8 %, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El recorte equivale a 57.621 despidos, concentrados principalmente en organismos descentralizados, empresas estatales y entes financieros.
Cuatro dependencias suman más del 20 % de las desvinculaciones registradas: Correo Argentino, con 5.063 despidos; la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.116; el Banco Nación, con 1.968; y Aerolíneas Argentinas, con 1.782 bajas. El CEPA atribuye la reducción a “una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con impacto directo sobre las capacidades operativas del Estado”.
En términos proporcionales, el golpe más severo se produjo en la ex Télam, donde fue cesanteado cerca del 80 % del personal. También se registraron recortes significativos en ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., organismos vinculados a la producción y difusión de contenidos educativos y culturales.
Dentro de la Administración Pública Nacional (APN), el ARCA lidera los despidos con 3.148 puestos eliminados, seguido por el CONICET (1.716) y el ANSES (1.532). En términos relativos, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 64 % de su planta, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y el INAES registraron reducciones del 45 % y 42 %, respectivamente.
El ajuste también alcanzó al sector financiero y asegurador estatal. La Casa de la Moneda redujo su personal en un 42 %, Nación Seguros en 37 %, y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en 32 %, afectando la capacidad del Estado para ofrecer cobertura y financiamiento accesible a empresas y sectores estratégicos.
El informe concluye que la política de recorte “implica un cambio profundo en la concepción del rol del Estado”, con consecuencias que trascienden el empleo público y alcanzan áreas clave para la infraestructura, la soberanía y el desarrollo nacional.
