En el Día Internacional de la Salud Mental, la organización cordobesa advirtió que el ajuste económico, la pérdida de derechos y la precarización laboral están afectando gravemente la salud mental de la población, especialmente en los sectores más vulnerables.
El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba advirtió este 10 de octubre que el país atraviesa una crisis de salud mental con raíces políticas y sociales. Según la organización, el aumento de la ansiedad, la depresión y el riesgo suicida no responde a causas individuales, sino a las consecuencias directas de las políticas de ajuste y el deterioro de las condiciones de vida.
“El malestar colectivo es político”, afirmó el Observatorio en un comunicado difundido por el Día Internacional de la Salud Mental. El informe señala que el ajuste fiscal, el desmantelamiento de programas sociales y la precarización laboral incrementaron el sufrimiento psicológico, sobre todo entre mujeres, jóvenes y personas en situación de pobreza.
La organización —referente en la provincia y a nivel nacional— remarcó que el sufrimiento social es una expresión directa de la injusticia estructural: “La angustia y la depresión que se disparan en la población son señales de que el sistema está vulnerando derechos fundamentales”, advirtió el espacio.
Desde el Observatorio señalaron que las políticas de austeridad no solo generan mayor vulnerabilidad psíquica, sino que también reducen el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica, debido al cierre de programas específicos y al desfinanciamiento del sistema público.
“El bienestar y el sufrimiento subjetivo son la expresión íntima de las condiciones estructurales. No se trata de una epidemia individual, sino de la manifestación subjetiva de la desigualdad”, sostuvieron.
La organización cuestionó además los intentos de reforma regresiva de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, que podrían habilitar nuevamente el modelo manicomial y las internaciones involuntarias. Consideran que esto representa “un retroceso en materia de derechos humanos”, contrario a los estándares internacionales.
En ese sentido, el Observatorio reclamó un cambio de paradigma hacia la salud mental colectiva, centrada en la justicia social, la vida en comunidad y el fortalecimiento del Estado como garante de derechos. “La salud mental no puede ser entendida como un logro individual, sino como una responsabilidad social y política”, concluyó el informe.
