La construcción del reactor Atucha III avanza a pesar de al falta de evaluación de impacto ambiental. Denunciaron penalmente al director de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, por haber firmado contrato para construcción de reactor nuclear chino en una supuesta violación a las leyes nacionales.
La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), informó que el Dr. Raúl Montenegro y los abogados Juan Smith y Fabián Maggi «denunciaron penalmente al Director de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, por aprobar la construcción del reactor nuclear chino Hualong One en abierta violación a leyes argentinas».
Costará más de 13.000 millones de dólares y produciría, junto a Atucha I y II, menos de un 8% de la energía eléctrica generada en Argentina Funam advirtió que este tipo de reactor experimental y con escasísima experiencia de funcionamiento, ya sufrió un accidente en China.
Funam pide que hasta no realizar la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente se «suspendan los efectos del ilegal contrato celebrado». La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal de Campana, Buenos Aires, por el Dr. Raúl Montenegro y el abogado Juan Smith. También cuenta con el patrocinio del abogado Fabian Maggi.
Denuncia y argumentos
Raúl Montenegro, y Juan Smith realizaron la “formal denuncia por la probable comisión de delitos de acción pública, contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, y contra quienes resulten responsables de la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y/o falsedad ideológica de instrumento público, previstos en los artículos 248, 249 y 293 del Código Penal” o el delito “que el Fiscal considere se ajuste a lo denunciado”.
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nobel Alternativo 2004, indicó que tanto el Gobierno nacional actual, como los anteriores, “vienen decidiendo la instalación de reactores nucleares de potencia e investigación como si fueran fábricas de galletitas, violando impunemente leyes que todos debemos cumplir sobre Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública”. Recordó que ya existen cerca de la ciudad de Pilar “los reactores Atucha I y II en operación, y un CAREM-25 en construcción”.
“El señor José Luis Antunez que firmó ilegalmente el contrato con China, y los funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires que lo acompañaron en esa firma, han comprometido gravemente la seguridad de Argentina. No solamente aumentan la peligrosidad del complejo Atucha, sino que omiten explicarle a la sociedad que en caso del peor accidente posible, un reactor como el Hualong One chino puede afectar gravemente a las personas, y al ambiente, en un radio de 500 a 700 kilómetros”, agregó.
“Peor aún, el Estado Nacional ni siquiera preparó a los habitantes de varias provincias para enfrentar accidentes posibles nivel 7 que pudieran sufrir Atucha I o II. Apenas hace unos simulacros para accidente menor, 10 kilómetros alrededor de cada planta. No hay además suficientes hospitales aptos, ni personal especializado para tratar los casos de personas contaminadas radiactivamente”.
“Tampoco consideraron, como ha quedado dramáticamente demostrado en Ucrania, que la presencia de reactores nucleares de potencia, en este caso concentrados en Lima, nos torna muy vulnerables a ataques terroristas y conflictos de todo tipo. Ni los reactores nucleares de potencia, ni sus depósitos de combustible nuclear agotado, pueden resistir por ejemplo el choque de un avión comercial de gran porte”, señaló Montenegro.
“La decisión que tomó el señor José Luis Antunez con el apoyo de los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires solo beneficia a la corporación china, a sus empresas asociadas en Argentina, y al lobby nuclear local. Fomentar la peligrosa energía nuclear de potencia en un país como Argentina, que tiene generosas fuentes convencionales y alternativas, es un acto de irresponsabilidad que compromete el presente y futuro de muchas generaciones de argentinos. Los residuos radiactivos de Atucha I y II –al igual que los residuos altamente radiactivos que produciría el Hualog One chino- son peligrosos por más de 200.000 años. Todo para producir raquíticas cantidades de energía eléctrica”.
“Recordemos que Argentina es el único país de América Latina y Caribe que sufrió el peor accidente nuclear de la región, nivel 4 en la escala del INES, y tiene el dudoso privilegio de tener la primera víctima fatal y 17 personas contaminadas en el accidente del reactor RA-2 de Constituyentes, en 1983”, completó Montenegro.
El abogado ambientalista Juan Smith, quien acompaña numerosas luchas de comunidades afectadas por gobiernos y empresas que violan la ley, señaló, además, que “esa desinformación se vuelve mucho más profunda, pues lo que los pueblos desconocen los derechos que el orden público ambiental vigente les acuerdan. Si uno desconoce que tiene derechos no advierte cuando son vulnerados”.
Por su parte el Dr. Fabian Maggi expresó: “el marco normativo que se confronta en la denuncia responde a los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 41 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el incumplimiento de pactos internacionales –artículos 1 y 26 del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 7 del ‘Acuerdo de Escazú’- y del incumplimiento de numerosas normas de orden público, nacionales, tales como las leyes 24.354, 25.675, 27.566, y provinciales, como la ley 11.723, entre otras”.
Foto-render: El Cronista
