Tras cumplir más de dos años de prisión, la Justicia le otorgó la libertad condicional. En 2023 había sido condenado a siete años por usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y defraudación calificada.
Ignacio Martín, conocido como el “falso médico del COE”, recuperó la libertad luego de permanecer detenido dos años y siete meses en Río Cuarto. La Cámara del Crimen de Segunda Nominación de Córdoba consideró que ya había cumplido una parte significativa de su condena y resolvió otorgarle la libertad condicional, bajo cumplimiento de ciertas condiciones establecidas por la fiscalía.
El juez de ejecución penal de Río Cuarto, Gustavo Echenique, explicó que el tramo restante de la pena podrá cumplirse mediante un régimen de libertad por cese de prisión, según publicó el diario Puntal.
Martín había sido condenado en septiembre de 2023 a siete años de prisión por los delitos de usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y defraudación calificada. Durante el juicio, reconoció que no tenía título habilitante y pidió disculpas públicas, aunque sostuvo su inocencia.
El caso tuvo amplia repercusión pública, ya que Martín se hizo pasar por médico mientras integraba el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Provincia durante la pandemia de Covid-19. En ese contexto, atendió pacientes, firmó certificados, prescribió medicamentos y hasta autorizó licencias de conducir sin contar con la formación correspondiente.
Ignacio Martín había llegado a Río Cuarto en agosto de 2020 como jefe del Centro de Operaciones Tácticas (COT), una división del COE. Fue descubierto y denunciado en diciembre de ese año, aunque el caso se conoció públicamente a fines de enero de 2021. Finalmente, fue detenido el 4 de febrero de 2021 en la ciudad de Córdoba.
Durante el proceso judicial, el joven fue desligado del delito de homicidio por dolo eventual, que había sido solicitado por los querellantes tras la muerte de un paciente.
La causa de Ignacio Martín se convirtió en uno de los episodios más resonantes de la pandemia en Córdoba, y reavivó el debate sobre los controles institucionales y la responsabilidad del Estado en contextos de emergencia sanitaria.
